Caso “Coco” Garrido: siete años de impunidad y no hay fecha de juicio

La causa por la muerte de Guillermo “Coco” Garrido aún no tiene fecha para juicio. Pasaron 7 años y el caso sigue impune.

El expediente dio tantas vueltas por el entramado de la burocracia judicial que aún no sale de una de las tantas rotondas. En enero del año pasado, Carmen Silva, madre del joven que murió en el calabozo de la comisaría 12 de El Bolsón, pensó que el juicio era inminente. Esperó en vano.

Ayer, Guillermo Garrido, padre de la víctima, atendió un minuto a “Río Negro”. “Ya lo tomamos de otra manera y no queremos salir más a los medios”, respondió cuando se le preguntó por el caso de su hijo. “Teníamos todo listo y el juicio se tenía que haber hecho el año pasado”, expresó. “Esperamos que este año se haga”, afirmó.

Por la muerte de Garrido están imputados los policías Laura Leiva y Emilio Oyarzún, que eran los oficiales a cargo de la guardia cuando ocurrió la muerte del joven, en el calabozo de la comisaría de El Bolsón.

Según la acusación fiscal, están acusados del delito de homicidio culposo. Se les atribuye haber actuado de manera negligente, sin cumplir los reglamentos policiales mientras Garrido estuvo detenido. De hecho, no le sacaron el cinturón antes de que ingresara al calabozo. El joven fue hallado ahorcado la noche del 13 de enero de 2011.

Fue una muerte extraña que siete años después sigue generando dudas. Pero la investigación no pudo demostrar ni hallar pruebas que permitan sostener la hipótesis de un homicidio como sospecharon los padres desde el primer momento.

Fuentes judiciales recordaron ayer que la fiscal Betiana Cendón hizo el requerimiento de elevación a juicio a finales de 2016 a pedido del juez subrogante Juan Martín Arroyo, que heredó la causa.

Pero la causa no llegó a juicio. Ayer, las fuentes no supieron explicar qué había pasado.

La abogada querellante Marina Schifrin explicó que la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, el 1 de agosto pasado, generó un retraso en la causa, porque hubo que adecuarla al nuevo sistema.

Por eso, el expediente fue enviado al fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, que hizo el requerimiento correspondiente de acuerdo al nuevo Código.

Schifrin dijo que a finales de diciembre pasado la causa quedó lista para que se puede avanzar hacia el juicio. Sólo falta, supuestamente, que la Oficina Judicial fije la fecha.

La abogada lamentó el tiempo perdido y sostuvo que el juicio se tendría que haber hecho el año pasado, pero nadie puso la fecha.

“La violencia institucional todavía no tiene el espacio que merece en la justicia porque no la quieren tomar”, opinó la abogada Schifrin.

Además, dijo que le pidió, en representación de la familia, a Arrien que solicite que el juicio se haga en El Bolsón. Explicó que la comunidad de El Bolsón tiene que escuchar en un juicio oral y público “qué es lo que pasó con Coco Garrido”. Recordó que se trata del funcionamiento de la comisaría de la ciudad.

En tanto que también rememoró que el año pasado los familiares de Garrido juntaron firmas para que el juicio se haga en El Bolsón, donde ocurrió el hecho.

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El dato

Una extraña muerte a la que no se le encuentra explicación

Policías de El Bolsón detuvieron a Guillermo “Coco” Garrido la tarde del 13 de enero de 2011 tras protagonizar un choque. La explicación oficial fue que la detención se produjo porque estaba supuestamente ebrio. Entró a las 21.40 a la comisaría de esa localidad. A las 21.45 fue trasladado hasta el hospital para la revisión médica correspondiente y regresó a la unidad policial. A las 22.50 fue encontrado ahorcado con un cinturón amarrado a una reja del calabozo. Tenía 24 años.

Garrido había viajado en la víspera a Epuyén para celebrar el cumpleaños de su padre. Tenía que regresar al día siguiente en colectivo a Bariloche, donde vivía y trabajaba. Su madre Carmen Silva recordó el año pasado que a su hijo se le pasó el colectivo y su padre le prestó un Renault 12 con el que viajó hasta El Bolsón. Dijo que cuando circulaba por el centro se le cortaron los frenos y pasó a romper una óptica de un auto estacionado. Por eso lo detuvieron.

El expediente pasó por las manos del fiscal Eduardo Fernández, Francisco Arrien, Betiana Cendón y el exfiscal de Cámara Carlos López. También intervinieron los jueces Ricardo Calcagno, Martín Lozada (hoy fiscal jefe) y Juan Martín Arroyo. La Cámara Criminal Segunda resolvió los incidentes.