Caso Solano abre conflicto entre Seguridad y Policía

Es por resistencia de los detenidos a ser trasladados.

Discutida reunión de funcionarios con Weretilneck.

17 jul 2013 - 00:00
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VIEDMA.- El gobierno rionegrino confirmó que los policías detenidos por el caso Solano serán trasladados de la sede del ex BORA de Lamarque a cárceles provinciales. Admitió que no hay plazos fijados para concretar la medida pero lo estimó para “esta semana o la próxima”. Insistió en que actualmente se está en una etapa de “diálogo y mediación”. Esa posición oficial consolidó la revitalización del mando policial en relación a la pretendida subordinación al poder político. Debilitada su postura, la titular de la secretaría de Seguridad, Martha Arriola, evaluaba anoche su continuidad, situación que analizará hoy en una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck. El ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, transmitió aquel lineamiento a la prensa cuando ayer al mediodía finalizó una reunión de tres horas entre el mandatario provincial y las máximas autoridades de Seguridad. Allí existió un fuerte debate entre dos posturas que chocan en referencia a quién manda en la Policía, expuesto ahora en el conflicto de los uniformados presos por la desaparición y presunto asesinado de Daniel Solano, quienes se resisten al traslado dispuesto por la justicia a propuesta del Servicio Penitenciario, que depende de Arriola. Anoche el gobierno ultimaba la respuesta al duro petitorio presentado días atrás por la familia Solano, procurando un gesto político en esa dirección. Pero las disputas de criterio se imponen cuando se debe resolver qué actitud asumirá el Ejecutivo frente a los seis policías detenidos en Lamarque. En el encuentro con Weretilneck, Arriola -quien asistió con sus segundos, Marcelo Vernet y Daniel Badie- forzó su posición para acelerar los traslados, mientras que cuestionó la permisividad de la conducción civil en la Policía. El jefe de la fuerza, Fabián Gatti, contradijo esa visión y destacó la labor de sus uniformados. Se cruzaron en duros términos, lo que requirió la intermediación del mismo gobernador. Su mirada final igualmente se inclinó a favor de conservar los lazos actuales con la Policía, evitando confrontar y fracturar esa fuerza. Además, Weretilneck entendió que él garantiza el mando civil de los uniformados rionegrinos. Más allá de los dichos públicos, esa reunión en la Residencia dejó en claro que la cuestión no está zanjada, anticipándose otras derivaciones institucionales y políticas. Luego, frente a periodistas, Di Giacomo resaltó que se trabaja en la respuesta al petitorio que entregará el secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso. Aclaró que “se está trabajando en el traslado” y “se cumplirá con los pasos que correspondan”. Entendió que no hay demoras en el cumplimiento de la resolución judicial y consideró que se está en una etapa de diálogo y mediación, destacando las dificultades para disponer de un lugar de detención apto para policías. Afirmó que “no hay plazos” pero la transferencia “será lo más inmediata posible, entre esta semana y la próxima”. Además desmintió resistencia de la fuerza policial para intervenir. En cambio, en diálogo con APP, el presidente del bloque oficialista, Pedro Pesatti, reconoció que existiría “un pequeño grupo” de la fuerza que “incurre en desobediencias o en algún tipo de provocación frente al gobierno”. “No sé, pregúntele a Pesatti, a mí no me consta”, respondió el ministro cuando se lo consultó en referencia a las aseveraciones del legislador.