El prófugo de la Uocra cayó cuando intentaba regresar al país

Sebastián Octavio Canales fue detenido ayer en el paso fronterizo de Pino Hachado. Está imputado por asociación ilícita y extorsión.

Hasta la tarde estaba bajo custodia de la Gendarmería a la espera de que la Justicia Federal de Bahía Blanca decida su traslado a esa ciudad.

14 ene 2018 - 00:00
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Los controles migratorios neuquinos detuvieron ayer a Sebastián Octavio Canales, uno de los gremialistas bahienses de la Uocra imputados por asociación ilícita y extorsión. Los aduaneros no salían de su asombro cuando comprobaron que Canales, sobre quien pesaba una orden de captura del juzgado de Bahía Blanca por pedido del fiscal Gustavo Zorzano intentaba regresar al país junto su familia.

De inmediato dieron aviso a Gendarmería y se demoró al dirigente quien está acusado junto a otros nueve dirigentes gremiales por extorsionar a empresarios de la construcción a quienes les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de no parar sus obras bajo cualquier excusa.

Varios de los cabecillas de la organización sindical incluyendo al secretario general Humberto Monteros ya había sido detenidos por la policía. Canales era uno de los últimos prófugos y se espera que en las próximas horas sea indagado por el fiscal que entiende en la causa.

Canales estaba ayer bajo custodia de la Gendarmería a la espera de que la Justicia Federal de Bahía Blanca decida su traslado a esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

Monteros, el exsecretario general de la Uocra Bahía Blanca detenido el jueves, acusado de encabezar una asociación ilícita y por extorsión, se negó a declarar ante la Justicia federal, al igual que José Bernardo Burgos, exsecretario adjunto del sindicato.

Monteros fue detenido en Monte Hermoso con más de 5 millones de pesos, 100.000 dólares, armas y droga. Otros cinco detenidos, integrantes de la ex cúpula de la Uocra Bahía Blanca, se negaron también a declarar anta la Justicia.

Esos imputados son Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez y Wakter Paiz.

Varios empresarios de la zona de Bahía Blanca denunciaron haber sufrido “aprietes” por parte del gremio. “Los obligaban a entregar dinero para garantizar la paz social, sino cumplían los dejaban afuera del negocio y no podían seguir trabajando”, indicó una voz judicial.

Según consta en el expediente judicial, existen más de 30 hechos de esta naturaleza que fueron denunciados por los damnificados.

“Lo básico era pedir una compensación económica a cambio de paz social, evitar problemas y poder trabajar. Al final ya tenían sus propias empresas y presionaban para que las contraran”, reveló Santiago Saldungaray, propietario de la constructora OMSA y denunciante en la causa.

La jueza Marisa Promé, titular del Juzgado de Garantías número 4, ordenó el jueves varios allanamientos que arrojaron diez detenciones, que se produjeron a la madrugada.

Más tarde, se entregó ante las autoridades Paiz, otro de los acusados, quien permanecía prófugo desde el inicio de las investigaciones.

Canales está acusado junto a otros nueve dirigentes gremiales de extorsionar a empresarios de la construcción para no frenar sus obras.
“Un paso más en la lucha contra la corrupción”

“Detuvimos a Sebastián Canale, prófugo vinculado a la causa Uocra Bahía Blanca en el cruce de Pino Hachado”, señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La funcionaria consideró que esta detención constituye “un paso más en la lucha contra la corrupción” y consignó que la Gendarmería esta “atenta” porque había recibido “una orden de captura emitida ayer”.

En total, los apresados hasta ayer a la tarde eran doce y los prófugos, dos, y para el fiscal de la causa, estos imputados con paradero desconocido “tuvieron un papel protagónico en varios hechos de esta asociación ilícita en la que había una división de tareas”.

El fiscal informó que se investigan “44 hechos en total”, entre los que hay casos de extorsión y de otros delitos, como el de daños.

En tanto, en declaraciones formuladas ayer por la mañana a radio Mitre, el representante del Ministerio Público aseguró que los empresarios de la construcción de la zona “todos los meses tenían un sobre preparado” para pagarles a los emisarios del gremio que estaba liderado por Monteros y Burgos.

“Todos los meses tenían un sobre preparado en la empresa, que iba a buscar alguno de los integrantes de este grupo (por los directivos del sindicato). Era la condición para poder trabajar. Si no se pagaba esa suma mensual, la consecuencia era la paralización de las obras, o las asambleas, que eran congregaciones de gente que imposibilitaban el acceso de vehículos y operarios”, explicó Zorzano.

Pino Hachado