Fiscalía pide imputar a dos policías por la estafa con combustibles

Figuraba que se habían cargado a móviles que estaban en el taller desde hacía tiempo o que directamente ya estaban dados de baja.

El fiscal de Delitos Patrimoniales, Marcelo Jara, solicitó a la Oficina Judicial que fije fecha para realizar la audiencia en que solicitará que los dos policías encargados del aprovisionamiento del combustible a los patrulleros de la ciudad sean imputados por el delito de defraudación, dado que se sostiene que se habrían quedado con miles de pesos por litros de nafta que jamás llegaron a los móviles.

Las irregularidades en el manejo de la compra de combustible fueron dadas a conocer hace dos meses por Asuntos Internos de la policía.

Pero ahora se sabe que todo fue descubierto en realidad cuando la estación de servicio de Collón Curá y Belgrano cambió de encargado y el nuevo empleado detectó algunas irregularidades por las que dio aviso a la cúpula.

Con ese alerta la fuerza decidió cambiar los mecanismos de control de la carga de combustible y el resultado fue más que llamativo: por mes el gasto en combustible se redujo en hasta 800.000 pesos.

Si bien la sospecha es que la maniobra podría haber sido millonaria, ya que el elevado nivel de gastos databa de hacía cuatro años, la justicia neuquina se centró en lo demostrable, que según Jara “ronda los 80.000 a 100.000 pesos”.

El fiscal explicó que la maniobra detectada consistiría en simular que los móviles policiales habían tenido un consumo mayor al que realmente tuvieron.

“Lo que hacían eran inflar los valores que se cargaban en la isla asignada a la policía y, para poder hacer coincidir esos números con los litros que efectivamente se vendieron en la estación, se contaba como si se tratara de patrulleros a vehículos particulares que habían pagado en efectivo”, aseguró.

La maniobra, claramente, requirió de la participación de dos playeros de la estación de servicio, quienes forman parte de la causa pero como testigos.

Según se explicó diariamente los policías involucrados pasaban por la estación de servicio y tras una división con los playeros, retirarían el dinero que los clientes particulares habían pagado en efectivo.

“A la estación de servicio los números les cerraban porque los litros vendidos se cargaban a la cuenta de la policía”, indicó Jara y agregó que “a los playeros también les servía para además evitar tener pérdidas” por diferencias de caja.

El perjuicio recaía en la policía dado que se la hacía pagar por combustibles que nunca cargaron.

Con la confesión de los playeros involucrados la justicia pudo conocer cómo fue la maniobra pergeñada, pero para poder demostrar que hubo una defraudación al Estado se necesitaban datos más firmes.

Fue allí donde cobró relevancia un dato que a los sospechosos se les habría pasado: la patente de los patrulleros a los que se endilgaban los litros no cargados.

“Nos encontramos con que figuraba que se habían cargado a móviles que estaban en el taller desde hacía tiempo o que directamente ya estaban dados de baja”, advirtió Jara y detalló que “esos vehículos son a los que se les cargó el monto que podemos demostrar”.

La pena posible

Datos

Datos

2 a 6 años
de prisión es la pena que establece el Código Penal para quienes cometen fraude en perjuicio de la administración pública. En el caso de la defraudación, la pena inicial es de un mes.
$ 1.100.000
Es lo que llegó a pagar la policía de consumo de combustible por mes antes del cambio en los controles.
$800.000
es el ahorro más grande que tras los cambios en el sistema de control tuvo la policía en el consumo de un mes.

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