Lento trámite de las denuncias de abuso contra exfuncionario de Allen

Están demoradas varias pericias y en una causa el acusado aún no fue indagado, con lo cual se demora una resolución. El imputado demandó al Ejecutivo.

Hace casi un año una empleada municipal y una mujer que era beneficiaria de una beca del gobierno provincial, denunciaron a un funcionario del Ejecutivo local por el delito de abuso sexual. Pasó el tiempo y los expedientes caminan a paso de tortuga en dos juzgados de General Roca.

En una de las causas ni siquiera indagaron al acusado, que no está procesado y recientemente le inició una demanda al municipio para reclamar que la comuna le pague más de 300.000 pesos porque lo dejaron sin trabajo.

Las denuncias contra el ex jefe de maestranza y hombre que formaba parte del circulo más cercano de la intendenta, Sabina Costa, fueron radicadas en marzo del año pasado.

En ambas presentaciones intervino la Fiscalía Temática Nº 1 de Delitos contra las Personas de General Roca y finalmente las causas recayeron en los Juzgados de Instrucción 4 y 6.

Pese a que luego de que se conocieran los hechos hubo marchas y manifestaciones publicas que reclamaron justicia, los casos quedaron en un cono de silencio y sin avances que permitan esclarecer lo sucedido, algo muy distinto a lo que está ocurriendo actualmente con la denuncia por abuso contra el legislador del Juntos Somos Río Negro, Rubén López, el ex jugador de Boca, Luis Abramovich y otro hombre.

La denuncia que tramita en el Juzgado Nº 6 tiene para los primeros días de marzo una citación a la víctima en la que se ampliará su pericia psicológica ante el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Después, recién se hará la pericia al imputado y hasta que no estén los resultados de ambos estudios no se resolverá la situación procesal del ex jefe de maestranza del municipio de Allen.

En la otra denuncia por abuso sexual interviene el Juzgado Nº 4 y en este caso también hay una citación judicial para que se amplíe la pericia psicológica de la víctima.

Esa medida fue pedida por el abogado de la empleada del municipio, que se constituyó como querellante. En esta causa surge un dato realmente alarmante.

El acusado todavía no fue indagado por la Justicia, lo que supone que el ex jefe de maestranza ya tuvo a su favor un año entero para definir su estrategia legal y analizar qué le dirá al juez el día que le pregunten sobre el abuso sexual con acceso carnal que, según la denuncia, se habría consumado dentro de la Unidad Básica Justicialista.

“Me dejaron sola, sin ningún tipo de protección y todavía no pude superar lo que me hicieron. Sólo tengo el apoyo y la contención de mi familia. Tengo miedo y cuando salgo a la calle pienso que en cualquier lugar me lo puedo llegar a cruzar”, señaló una de las víctimas a “Río Negro” que prefirió mantener en reserva su identidad.

Reclamo laboral

El ex funcionario municipal acusado por los delitos sexuales acaba de presentar, con el patrocinio del abogado Daniel Cuomo, una demanda contra el municipio por 300.000 pesos porque cuando se conocieron las denuncias se dejó sin efecto su designación y quedó sin empleo en la municipalidad.

“Este señor nos ha iniciado juicio porque entiende que la revocación fue injustificada, que no había resolución penal ni motivo, que era una denuncia infundada. Reclama dinero, una indemnización por una suma superior a los 300.000 pesos”, explicó la secretaria del área Legal y Técnica del municipio, la abogada Liliana Martín.

“Me dejaron sola, sin ningún tipo de protección, y todavía no pude superar lo que me hicieron. Sólo tengo el apoyo y la contención de mi familia”,

relató una de las presuntas víctimas a “Río Negro”.

Denuncias que afectan al poder político

18 de marzo, 2016. Se denuncian los abusos ante la Justicia. La jefa comunal Sabina Costa anunció la separación del funcionario acusado, que era jefe de maestranza.

19 de marzo. Se conoce que el acusado se jactaba de su cercanía con el poder político para aprovecharse de las víctimas. ATE lanzó un paro .

21 de marzo. Las autoridades provinciales del PJ intervienen la Unidad Básica.

22 de marzo. Gremios, empleados municipales y vecinos se movilizan y exigen la renuncia de funcionarios que, al parecer, conocían la existencia de los delitos.

23 de marzo. La Fiscalía de delitos contra las personas ordenó una investigación, pidió la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) y se peticionó a los Juzgados Nº 4 y Nº 6, la prohibición de acercamiento del mismo hacia las víctimas y familiares.

30 de marzo. Un testigo puso a disposición de la Justicia audios y mensajes para demostrar que funcionarios sabían lo que sucedía.

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“Me dejaron sola, sin ningún tipo de protección, y todavía no pude superar lo que me hicieron. Sólo tengo el apoyo y la contención de mi familia”,
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