Prisión domiciliaria con tobillera por un conflicto en el 30 de Marzo

A la necesidad suelen sumarse otros ingredientes como el temor por la vida misma, tornando indigno lo cotidiano. Esta es la situación que atraviesa un grupo de vecinos del 30 de Marzo que desafió el miedo y golpeó las puertas de la Justicia, el municipio y Promoción Familiar. Para estas personas que, en general, viven de trabajos domésticos y de la construcción significa un esfuerzo hasta reponer vidrios que con liviandad vecinos agresivos destruyen, además de agredir a adultos y niños.

En esta causa son investigados hechos complejos ocurridos el 30 de diciembre pasado en el barrio 30 de Marzo que generaron lesiones y amenazas en perjuicio de un matrimonio, una violación de domicilio que aún está en investigación, así como un ataque a autoridades policiales de parte del imputado.

A pesar del temor manifestado por los vecinos que se han organizado y que el imputado no respetó lo que se le ordenó el 2 de este mes, el juez de Garantías Juan Martín Brussino no lo envió a prisión sino que le mantuvo la domiciliaria con tobillera por 20 días. También reiteró la orden de custodia policial para la víctima.

En representación de una de las víctimas y en calidad de abogado querellante, Favio Igoldi, pidió al magistrado la preventiva para Pablo Rivas en un establecimiento carcelario, solicitud a la que adhirió el fiscal adjunto Carlos Chirinos y a la que se opuso la Defensora Oficial, Graciela Carriqueo, al sostener que “las deficiencias del Estado se la intentan endilgar a mi defendido. Sino hay vigilancia para la víctima no se lo puede adjudicar a Rivas”.

En la audiencia de ayer pedida para modificar la prisión domiciliaria, Igoldi planteó que “es obligación del Estado preservar a la víctima” y que en este caso “tampoco la Policía cumplió con la medida de custodiar su vivienda para asegurarle tranquilidad”. En este sentido descartó la responsabilidad del personal policial y apuntó a la estructura del sistema de Seguridad de la provincia que “desde hace años abandona las víctimas de procesos penales”. Además enmarcó esta situación como “una complejidad social con vecinos que le temen al imputado en un marco de abandono no sólo de Seguridad sino del municipio y órganos sociales. Una ausencia del Estado para garantizar la seguridad de la víctima y el avance del proceso penal”.

Pidió que fuera revocada la prisión domiciliaria y que se hiciera efectiva por 15 días más en un penal y en el marco de lo que establece la norma pidió que si Rivas continúa con la domiciliaria se le sume una tobillera electrónica “como una única manera de garantizar la seguridad de la víctima”. También destacó los antecedentes penales del imputado.

En la primera audiencia el juez dispuso como cautelar 15 días prisión domiciliaria y no preventiva como la solicitada por el fiscal. Según la denuncia de vecinos, Rivas no cumplió con esa medida, saliendo de su domicilio y pasando frente al de la víctima en más de una oportunidad.

Por otra parte, ayer luego de la audiencia judicial funcionarios municipales atendieron a los vecinos patrocinados por Igoldi, quien los acompañó en esa gestión.