Roca: diez procesados por disturbios en una protesta

Son allegados a Pablo Vera, el joven asesinado por un policía en 2014. Defensores piden que se investiguen las agresiones que sufrieron.

Casi dos años después de los hechos, la Justicia dictó el procesamiento para 10 de los 25 imputados por los disturbios ocurridos en los Tribunales de Roca, en el marco de una protesta por el asesinato del joven Pablo Vera.

La medida fue tomada la semana pasada por el juez Maximiliano Camarda, quien -de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales- dispuso la falta de mérito para 13 personas y el sobreseimiento de otras dos, por ser inimputables a partir de la edad que tenían al momento de registrarse los incidentes.

Desde la Coordinadora 13 de Enero denunciaron que la resolución es parte de una política de criminalización de la protesta por parte del Poder Judicial. Aseguraron que se persigue a los acusados por roturas en el edificio estatal pero no se avanza con una investigación seria sobre policías y los propios funcionarios judiciales acusados por las torturas que denunciaron los detenidos aquella jornada del 28 de noviembre del 2014.

Atentado a la autoridad, amenazas, resistencia a la autoridad, y daño agravado por “rotura de vidrios” en el edificio de Tribunales, son los delitos imputados al grupo de allegados a la familia Vera, según detallaron desde la agrupación.

Los hechos investigados ocurrieron en la sede del Poder Judicial de la provincia, aunque los manifestantes fueron interceptados y detenidos en las calles Gelonch y Maipú.

En la comisaría 21 “familiares y amigos de Pablo fueron torturados y amenazados con frases como “con esto no te van a dar ganas de seguir jodiendo”. 14 personas estuvieron detenidas casi 72 horas, excediendo el tiempo legalmente previsto para los casos en los que el juez no ha llamado a indagatoria, lo que motivó una causa penal contra el propio juez Camarda, que pretende ser archivada en las últimas semanas”, recordaron desde la coordinadora.

También resaltaron que “en los últimos días, y luego de que se haga pública la denuncia penal en su contra, Camarda solicitó intervenir en la causa en la que se investigaban las torturas en la comisaría, y en la que él y el fiscal Luciano Garrido están comprometidos como partícipes necesarios de las torturas. Es decir, el mismo día en que Camarda decidió avanzar con los procesamientos en contra de la familia de Pablo, ordenó archivar la causa de torturas en la que además de investigarse al personal de la comisaría 21, él mismo estaba involucrado como partícipe (ya que rechazó un hábeas corpus, encubriendo el delito y permitiendo la continuidad del mismo)”.

“La situación es de extrema gravedad toda vez que l as únicas declaraciones a las que el juez le dio credibilidad son las de la decena de policías que declararon en estos dos años. Policías que intervinieron en la detención y represión de los manifestantes (entre ellos niños y niñas, jóvenes, y una mujer embarazada de ocho meses)”, agregaron.

Ante estas últimas resoluciones, la agrupación convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 10 frente a los Tribunales (San Luis y Avenida Roca), “para anunciar los pasos a seguir para denunciar la criminalización de la protesta y la impunidad de los torturadores”.

Los investigados