Provincia deberá asistir a Carolina frente al desalojo

La justicia ordenó que el Ministerio de Desarrollo Social brinde contención “material y moral” a la anciana de 96 años. La orden de desalojo sigue en curso.

Provincia deberá asistir a Carolina frente al desalojo

La jueza de Familia Marcela Pájaro dio intervención al gobierno provincial en el marco del recurso de amparo presentado por Carolina Zirn, acompañada por el colectivo de abogados Derechos por la Igualdad.

Acerca de la orden de desalojo, la magistrada explicó que la participación de un Juzgado Civil y Comercial “repele la intervención de otro Tribunal que aborde la misma cuestión”. De esta manera limitó su mediación a asegurar las “garantías de protección” frente a un desalojo forzoso.

Sin embargo dejó en claro que “ningún desalojo debe ser llevado a cabo hasta tanto se aporte una vivienda en sustitución”, y se refirió a las directrices aportadas por Naciones Unidas y que deberán ser aplicadas en este caso.

Pájaro también interpretó que el Estado debe adoptar “todas las medidas posibles” para evitar el desalojo y que, ante la imposibilidad de hacerlo, tiene que “brindar la contención material y moral a la persona que lo padece”.

También se indicó que esta mañana se notificó a Zirn de la resolución tomada por la Jueza de Familia, recordando que sobre el tema se expidieron el Juzgado Civil y Comercial y la Cámara de Apelaciones.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social “en forma exclusiva” tendrá la obligación de dar asistencia “ante la situación que en breve se producirá”.

Zirn vive en el barrio Pinar de Festa. En 2004 y 2006 le transfirió un poder a Silvina Arrieta, la actual ministra de Turismo de Río Negro, en concepto de “pago por las deudas, impuestos y otras cuestiones económicas”, según explicó la funcionaria, por lo que un 50 por ciento quedó a su nombre.

En el 2015 se realizó una subasta judicial de la propiedad que, según Arrieta, fue promovida por la otra copropietaria. Los actuales dueños del condominio iniciaron una demanda por desalojo y la orden se libró en abril de este año cuando se desató la polémica.


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