Bariloche, paraíso para quedarse con tierras ajenas por vía judicial

Notorio crecimiento de causas para exigir la propiedad de valiosos inmuebles.

Los juzgados civiles iniciaron en el 2011

un 60% más de expedientes que en Roca.

23 abr 2012 - 00:00
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En las oficinas del Poder Judicial de Río Negro, entre decenas de expedientes, están las pruebas que permiten entender una parte importante de la compleja trama del acceso a la tierra y vivienda en Bariloche.

Conocer estadísticas oficiales de la Tercera Circunscripción, analizarlas, cruzarlas con datos de juzgados del Alto Valle, es un ejercicio que permite revelar que en la zona cordillerana la especulación inmobiliaria avanza en forma lenta pero sin pausa.

En el fuero civil está la puerta de ingreso a ese universo que muchos reconocen pero pocos abordan, porque involucra a una influyente franja social de la ciudad más grande de Río Negro.

La información oficial indica que en Bariloche se iniciaron el año pasado el 60% más de causas relacionadas con el derecho a la propiedad de tierras que en Roca, sede de la Segunda Circunscripción.

Y si ese dato resulta llamativo, más contundentes son las cifras del 2010, cuando por cada expediente abierto en el fuero civil de la ciudad valletana se iniciaron tres en la Tercera Circunscripción.

Ese crecimiento significativo tiene una explicación concreta, ya que de las 100 causas abiertas por distintos conflictos relacionados con tierras en los tres juzgados civiles barilochenses, 74 fueron por usucapión y 43 de ellas correspondieron a una sola persona (ver aparte).

Terrenos a la deriva

“Río Negro” recorrió tribunales, entrevistó abogados, funcionarios locales y conversó con actores sociales y la mayoría coincidió en ubicar el inicio de la historia entre las décadas del 40 y del 50, cuando comenzó el auge del loteo de tierras en diferentes zonas emblemáticas de Bariloche.

Así fue como muchas familias e inversores de Buenos Aires compraron terrenos sin siquiera conocer la ciudad. Y así fue como algunos, cuando terminaban de pagar la última cuota se daban cuenta de que el vendedor no existía más o que su terreno estaba ocupado. Otros no terminaron de pagar y esas parcelas quedaron a la deriva. Lo cierto es que por una u otra razón, se generaron condiciones para el desarrollo de prácticas especulativas, en una ciudad donde el metro cuadrado de tierra que en Roca o en Cipolletti cuesta 100 dólares puede trepar hasta cinco veces ese valor si es en costa de lago.

Usucapiones, reivindicaciones e interdictos posesorios son las tres vías judiciales habituales por las cuales un particular puede reclamar que se le reconozca la propiedad de un inmueble sobre el cual no cuenta con la documentación correspondiente.

“La usucapión es la figura que más se utiliza para juicios fraudulentos”, explica un abogado del foro barilochense con experiencia en el tema. Su afirmación fue ratificada por el actual titular del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, Gustavo Gennuso (ver aparte).

“La existencia de numerosos terrenos baldíos ha alentado a personas desaprensivas a inventar posesiones con el afán de obtener –trámite judicial de prescripción adquisitiva mediante– un título válido sobre estos inmuebles. Así encontramos usucapiones de lotes baldíos donde el pretenso adquirente reside en Buenos Aires y posee una casa de vacaciones lindera al predio que pretende prescribir. Esto ocurre en zonas de enorme valor inmobiliario como Villa Catedral, o el extremo de otorgarse sin prueba concluyente –como exige toda la doctrina y jurisprudencia en la materia– fracciones de varias hectáreas a una sola persona”, agrega el letrado.

La usucapión tiene exigencias estipuladas en el Código Civil y un proceso especial dentro del Código Procesal. Dentro de los requisitos básicos, el previsto en el Art. 4015 del Código Civil exige la posesión continua, pacífica e ininterrumpida por un lapso de veinte años con ánimo de dueño y poseyendo la cosa inmueble para sí.

Por su parte, el Código Procesal Civil de Río Negro dispone que la usucapión deberá promoverse con los certificados de la condición jurídica del bien otorgado por el Registro de la Propiedad Inmueble, con todos los datos del titular y con un plano de mensura visado por el organismo técnico administrativo. En el proceso se admite toda clase de prueba, pero la sentencia no puede basarse exclusivamente en la prueba testimonial. Con respecto a la demanda, está establecido que se deberá dar traslado al propietario o a sus sucesores y, si se desconoce el domicilio, por publicación de edictos por diez días en el Boletín Oficial y en un diario de la zona.

Sin embargo, toda esa claridad normativa no actúa como freno ante los especuladores.

El abogado consultado resume que el “20 de las usucapiones provienen de un interés real y concreto de los ocupantes de un inmueble” mientras que entre las restantes causas iniciadas, “el 50% no tiene causas justificadas ni los papeles suficientes y la otra mitad restante son buitres con información de primera mano”. Esa información consiste en la existencia de parcelas desocupadas, con deudas de impuestos, sin alambrar o de titulares desconocidos.

Ahora bien, la pregunta clave es quién tiene la responsabilidad de actuar primero ante una problemática reconocida de manera informal en diferentes ámbitos.

En la Justicia defienden sus mecanismos de constatación de pruebas, pero desde el municipio afirman que hay un sector “vip” que avanza a partir del acceso a información que el Estado no tiene.

Un panorama desalentador en una ciudad que busca sin éxito desde hace años la receta efectiva para poner coto a la desigualdad social.

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