El oficialismo hizo ley el pase a disponibilidad de los estatales

La Legislatura prorrogó la emergencia del Estado rionegrino y habilitó el proceso de pase a disponibilidad para más de 20 mil empleados provinciales.

El debate parlamentario se extendió por cuatro horas, con una inicial marcha de protesta de parte de los gremios estatales.

Doce legisladores fueron los expositores durante la sesión. Finalmente el Frente para la Victoria impuso su mayoría, aprobando el proyecto del gobernador Carlos Soria, a pesar del rechazo total del bloque de la Concertación y de los unipersonales del PPR, ARI y Unidos por Río Negro.

Existieron argumentos encontrados. La bancada oficialista machacó con el caos heredado y minimizó el efecto de la disponibilidad, afirmando que se apunta a “ñoquis y vagos”, se insistió.

La oposición contrarrestó diciendo que la situación provincial no es tan grave para aplicar semejante medida de “ajuste”. Se advirtió que si son pocos -como dice el gobierno- no se explica tal generalización, a la vez que alertó sobre un posible impacto adicional en otros 7.000 agentes públicos si los municipios adhieren a la norma.

Carlos Peralta -como titular del bloque del FpV- abrió y cerró el debate. La respuesta radical se dividió entre Adrián Casadei, Leonardo Ballester, Darío Berardi, Alejandro Betelú y Bautista Mendioroz. Desde la oposición también hablaron Claudio Lueiro (PPR), Magdalena Odarda (ARI), y Ricardo Ledo (Unidos). La defensa recayó en Peralta, Pedro Pesatti, Silvia Horne y Ariel Rivero.

“Improcedente e inconstitucional. Es irracional” originar “zozobra a más de 20 mil empleados” porque “algunos funcionarios se cobijaron en la planta”, afirmó Casadei.

Lueiro advirtió que era demasiada potestad para el gobernador. Ledo se quejó por “el estado de sospecha” general, con la “intranquilidad” generada entre tantos agentes. “Quieren cazar moscas con un cañón”, agregó.

En esa línea también habló Odarda, comparando esta iniciativa con el impacto de la prescindibilidad aplicada en Río Negro durante los años de la dictadura militar. Resaltó que el proyecto constituye “un arma muy peligrosa” en manos del gobierno provincial, advirtiendo sobre el riesgo si se suman municipios.

Berardi calificó a la medida como “arbitraria” y orientada a “domesticar”. Ballester incorporó el dato sobre el “miedo y temor” que ya se palpa entre los estatales y también planteo que “Soria, con esta ley, tendrá más poder que Juan Manuel de Rosas”.

Pesatti se defendió de críticas viedmenses por su apoyo a esta iniciativa. Dijo que “la capital no es para vivir de los rionegrinos sino para servir” a Río Negro, rememorando así la figura de Edgardo Castello. Reiteró que se hizo “uso y abuso” del Estado. Dijo que confía en Soria porque en Roca “no echó a ningún empleado, pero tampoco incorporó a ninguno”.

Rivero aportó una visión de los municipios y Horne argumentó que estas acciones forman parte de “la transformación del Estado rionegrino”.

Betelú expuso una visión jurídica y Mendioroz clausuró la resistencia radical. Manifestó su “estupor” con el proyecto y anunció que se rendía frente a los infructuosos pedidos a Soria, al vicegobernador Alberto Weretilneck y a Peralta para “incorporar alternativas”. Expresó que “es un retroceso institucional y democrático”.

Se preguntó por qué la generalización de la disponibilidad “si, como dice Soria, sólo un 2 por ciento no trabaja”. Alertó que podría tratarse de “un ajuste” y, manifestó del riesgo jurídico por la perdida de la estabilidad del empleado público.

Inicialmente, Peralta explicó el proyecto y buscó tranquilizar a los empleados. “No se va a despedir ni a un sólo empleado que ingresó como corresponde”. Dijo que es el inicio para “jerarquizar, cuidar y capacitar”.

Al cerrar, el titular de la bancada respondió los cuestionamientos, repasando proyectos similares del radicalismo, ejemplos de la precariedad del Estado y, también, algunas denuncias de maniobras irregulares de las gestiones anteriores. (AV)