El largo proceso de la expropiación

Así fue el largo proceso de expropiación de cinco tomas en Cipolletti

El municipio cipoleño se prepara para promulgar la ley que declaró la utilidad pública de las 66 hectáreas ocupadas por las tomas en la zona norte e iniciar el proceso que culminará con la regularización de las tierras en las que habitan unas 5.500 personas.

El proceso no es sencillo y menos aún corto. Debe cumplimentar antes varios pasos. El primero es que la Legislatura rionegrina trate la ordenanza municipal y apruebe la ley de expropiación. Antes, el proyecto que sancionó el Concejo Deliberante cipoleño debe ser publicado en el boletín oficial municipal. El trámite se prevé concretar entre mediados de la semana que viene o principios de la próxima.

Luego, la iniciativa debe pasar por varias comisiones antes de ser tratado por el pleno de los legisladores provinciales. En caso de que se apruebe se deberán esperar como mínimo otros 15 días para que se trate en segunda vuelta. Recién en ese momento se convertirá en ley.

Como resta poco para culminar el año, y se prevé que la última sesión ordinaria de la Legislatura será la del 29 de noviembre, será necesario que se convoque a extraordinaria si hay decisión política de aprobarla antes de fin de año. Caso contrario su tratamiento deberá esperar hasta el próximo.

Mientras tanto, la Municipalidad comenzará a reunirse con los propietarios de las tierras para poder llegar a un acuerdo. Este es el paso previo antes de tomar la decisión de expropiar. Para ello, la ley establece unos 60 días, a partir de su sanción.

El secretario de Gobierno municipal, Diego Vázquez, recordó que al inicio de la gestión el Municipio intentó mediar con los dueños de los terrenos aunque sin avances concretos. “Cuando se trabó el proceso tomamos la decisión de presentar el proyecto para declarar la utilidad pública”, explicó y reconoció que la aprobación de la ordenanza fue un avance “muy importante” para las ocupaciones de la zona norte que ya tienen entre 8 y 10 años.

Paralelamente, y para agilizar el tratamiento de la ley, el legislador provincial Marcelo Mango (FpV) le solicitó al presidente de Asuntos Municipales, Miguel Vidal, que incorpore el tema en la próxima reunión de comisión. “Si hay voluntad política se puede tratar en forma conjunta en un plenario de comisiones para que pueda ser debatida en el recinto en la sesión del 29 de noviembre”, explicó Mango.

Si esto no ocurre, el proyecto deberá recorrer esa comisión y la de Asuntos Sociales, Asuntos Institucionales y Legislación General y finalmente la de Presupuesto y Hacienda.

Los tres pasos claves para la regularización

El Municipio debe promulgar la ordenanza y enviarla a la Legislatura.

Allí debe sortear cuatro comisiones antes de ingresar al recinto. Se debe aprobar también en segunda vuelta.

La ley establece 60 días para negociar con los propietarios antes de expropiar.

Aninao teme que se legitime socialmente la ocupación

Antes de emitir su voto a favor de la declaración de utilidad pública de los cinco asentamientos irregulares, el concejal del ARI Miguel Aninao hizo una extensa presentación en la que afirmó que el poder político no debe permitir que se “fije jurisprudencia” o que se instale como idea o “legitimación social la ocupación ilegal o usurpación de tierras”.

A pesar de estas consideraciones, justificó su voto en el hecho de que el Estado no “ha logrado garantizar” el acceso a la tierra, por lo que muchas familias consideraron que “la usurpación es una solución viable para una necesidad innegable”, expresó.

Criticó a los “inescrupulosos que se aprovechan de esta necesidad para disfrazar la especulación inmobiliaria, que contaría con la connivencia de los usurpados, de algunos usurpadores y de las inmobiliarias que amplían su negocio a través de la expansión del límite urbanizable”, consideró. Dijo que para resolver el problema la Nación, la Provincia y el Municipio deberían “centrar acciones tendientes a disminuir las condiciones de pobreza” y “brindar posibilidades a las familias de escasos recursos para que puedan acceder al mercado formal de la vivienda.