Jueza Arroyo Salgado concedió extradición de Perez Corradi a EEUU

Télam

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reiteró hoy la concesión de la extradición del presunto narcotraficante Ibar Pérez Corradi a Estados Unidos, y notificó su decisión al gobierno que, en definitiva, es el que debe tomar la decisión final.

Arroyo Salgado retomó un viejo expediente de 2008 en el que ya había resuelto conceder la extradición pedida por Estados Unidos, y el fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la jueza recordó que cuando informó sobre la situación al ex canciller Héctor Timerman, la extradición fue postergada porque Pérez Corradi aún tenía causas abiertas ante los tribunales argentinos.

Pérez Corradi estuvo prófugo más de cuatro años y fue recapturado el 5 de julio pasado en Paraguay, lo que posibilitó que continuaran los procesos que tenía truncos en la Argentina, entre ellos la extradición.

Arroyo Salgado consideró, en ese contexto, que “corresponde disponer la inmediata entrega provisoria de Pérez Corradi a Estados Unidos, bajo condición de que permanezca privado de su libertad en un establecimiento de máxima seguridad hasta su reintegro a la Argentina”.

Para ello, la jueza dispuso la “inmediata detención” de Pérez Corradi –quien ya está detenido- a disposición de su juzgado, con fines de cumplir la extradición.

La jueza puso en conocimiento de su resolución, de 34 páginas, a la canciller Susana Malcorra para que “en caso de estimarlo procedente de conformidad con sus atribuciones exclusivas y excluyentes de cualquier otra autoridad, disponga por la vía diplomática correspondiente la entrega provisoria de Pérez Corradi a las autoridades de los Estados Unidos”.

Pérez Corradi continúa vinculado con al menos otras dos causas en la Argentina: la “ruta de la efedrina”, que tramita ante la jueza María Servini de Cubría, y la supuesta autoría intelectual por el triple crimen de General Rodríguez, expediente ya elevado a juicio oral y público.

La decisión de la extradición, una vez superada la etapa judicial, está reservada al Poder Ejecutivo.