La Corte dispuso que el caso Solano pase a la Justicia rionegrina

La causa por la desaparición y homicidio de Daniel Solano será resuelta por la justicia Penal rionegrina, según resolvió la Corte Suprema de Justicia. Ahora se espera que la Cámara Segunda de General Roca fije fecha para el juicio contra los siete policías acusados de haber asesinado y hecho desaparecer al joven trabajador salteño, en la madrugada del 5 de noviembre del 2011.

Finalmente, ayer se conoció la resolución que puso punto final a la controversia por la competencia judicial. El año pasado, el juez Julio Martínez Vivot, ante un pedido del fiscal Guillermo Bodrato, había solicitado que la causa pasase a competencia federal, por entender que la “desaparición forzada de persona” es un delito de lesa humanidad y corresponde a ese fuero. La decisión llegó a la Corte Suprema.

El breve dictamen fue firmado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los vocales Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y menciona puntualmente: “Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor procurador fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado de Instrucción Penal N° 30 de Choele Choel, Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, al que se le remitirá. Hágase saber al juzgado Federal de General Roca”.

Coincidencia con Gils Carbó

De este modo, se hizo lugar a la decisión que en su momento había tenido la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en noviembre de 2016.

En un extenso dictamen, Gils Carbó se pronunció por hacer lugar a la negativa de la justicia Federal de hacerse cargo del caso, principalmente por los tiempos que había llevado el proceso judicial, cinco años, y que el cambio de competencia demoraría aún más, yendo en contra de los derechos la familia de la víctima.

Además, entendiendo que en la desaparición de Daniel Solano, los acusados no habrían contado con el apoyo del Estado.

El abogado Leandro Aparicio, representante de la familia Solano, tras analizar el dictamen de la procuradora entendió que también hay encubrimiento e inacción de la justicia de Río Negro, pero que dado lo avanzado de la investigación y el riesgo de que se pierdan pruebas, es que se prefiere mantenerlo en este fuero.

En tanto, Aparicio sostuvo que se sigue insistiendo en la necesidad de bajar al jagüel, un pozo de decenas de metros de profundidad que está ubicado en un campo en cercanías de Choele, donde se presume que fueron arrojados los restos de Solano.

Señaló que “nuestra intención es que todas las causas vayan a juicio, no sólo ésta que es la principal, sino la causa por estafa de la que fueron víctimas centenares de trabajadores y todas las otras complementarias”.

Las razones de la procuradora

“Sin perjuicio de la calificación que se otorgue a los hechos (…) en atención al avanzado estado de estas actuaciones en sede provincial, entiendo que la solución que más satisface en el caso las exigencias del principio de economía procesal y de una más expedita y mejor administración de justicia, sin afectar la validez de los actos ya cumplidos, tornar más gravosa la situación de los justiciables al no permitir la pronta terminación del proceso, ni aumentar el riesgo de que el Estado argentino incurra en responsabilidad internacional, es que esa jurisdicción continúe con el trámite de la causa”.