En el pantano

El caso Maldonado parece haber ingresado en un pantano. Todas son dudas y el gobierno y la justicia corren detrás de los hechos. La política ya se está preguntando si podría afectar los planes de Mauricio Macri para las elecciones. Para la oposición la respuesta es obvia: Cristina Kirchner desarrolla hoy su eje discursivo en torno a la tragedia. Sí es probable que el caso afecte a Macri más allá del resultado en octubre. Para el presidente, la única salida que presenta la desaparición de Maldonado es su esclarecimiento. Incluso en el supuesto, verosímil pero todavía infundado, de que el artesano haya resultado víctima de una acción brutal de la Gendarmería Nacional. Por el momento, el desafío que enfrenta el gobierno es el más complejo de todos: el Estado debe ofrecer una respuesta convincente a la desaparición de Santiago Maldonado. Lo acompañará hasta el último día.

El gobierno se condujo hacia un laberinto inexplicable. Recién en los últimos días intentó buscar un atajo. A la complejidad que presenta una desaparición de persona, le sumó la decisión de dar por incuestionable la conducta de una de sus fuerzas de seguridad en el operativo de desalojo de la ruta 40 en Chubut, el 1º de agosto. Se respalda en una investigación interna en la Gendarmería de la que se sabe poco y que poco ha interesado a la justicia. Ese ha sido el principal error conceptual del gobierno. La falta de evidencias sobre los hechos que llevaron a la desaparición de Maldonado no es un certificado de inocencia. Si no había motivos para sospechar de la Gendarmería, tampoco había motivos para no hacerlo. El gobierno no evaluó que la falta de respuestas se iba a transformar con el correr de los días en un motivo de sospecha para las fuerzas represivas del Estado en un país con el pasado trágico de la Argentina. La sociedad necesita tomar distancia histórica de aquel drama si quiere superar sus traumas más profundos. Y así lo ha entendido el gobierno desde el primer día. Pero es imprescindible hacerlo con sensibilidad política: las víctimas de ese pasado están vivas. El caso Maldonado muestra una alarmante falta de esa sensibilidad.

En paralelo, no ha habido una respuesta convincente al motivo de la presencia en el lugar del jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Desde el ministerio se aseguró que el funcionario pasó casualmente por la zona del desalojo y se detuvo a saludar a los comandantes del operativo. Noceti declaró al diario La Nación que nunca tuvo contacto con los responsables y que llegó al lugar cuando todo ya había acabado. Admitió además que un día antes, había impartido nuevas instrucciones a los jefes de las fuerzas de seguridad sobre el abordaje de los delitos en flagrancia: actuar sin esperar la orden de la justicia. Haya sido o no todo obra del azar, Noceti se constituyó como una autoridad del Estado, la más alta en ese momento, en un escenario en el que se investiga un delito de desaparición forzada de persona. No puede ser ignorado.

Es verdad que la ministra Bullrich les dijo a mediados de agosto a los senadores de la comisión de Seguridad Interior que el gobierno no descartaba ninguna hipótesis. Bullrich no fue lo suficientemente enfática como para que ese mensaje permeara en la sociedad. Recién tomó algo de volumen cuando se involucró el ministro de Justicia Germán Garavano y pareció mejor articulado por el jefe de Gabinete Marcos Peña en su informe en el Senado. Se sabe poco acerca de qué piensa Macri sobre el caso. Trascendió que el presidente cuestiona el ritmo de la investigación y la falta de respuestas de la justicia. Sus manifestaciones públicas no han salido de fórmulas de compromiso e incluso el presidente no pudo ocultar su fastidio ante un periodista que lo abordó solitario antes de un acto oficial. Aquí también la voz del gobierno volvió a resultar inexplicablemente débil. El ex senador Sanz sumó una crítica aislada en el oficialismo cuando habló de “errores de comunicación y de manejo” del caso. No fue bien recibida, lo cual no quiere decir que no haya sido escuchada.

El principal desafío que presenta el caso Maldonado es el de cabalgar la ola de la división en la Argentina. La desaparición de un joven de 28 años en el contexto de un operativo de fuerzas de seguridad federales no puede ser abordada según el lugar en el espectro político donde uno se encuentre. Ese mismo desafío atraviesa a la familia de Santiago Maldonado, al menos aquellos que asumieron el reclamo en público de la aparición con vida del joven. Pero ellos son las víctimas.

La falta de evidencias sobre los hechos que llevaron a la desaparición no era un certificado de inocencia.