La discusión pública de asuntos relevantes

El debate está en marcha. Resta esperar para saber si las voces que se alzan en relación a la posible instalación de una planta nuclear en la provincia de Río Negro se encauzarán bajo algún formato institucional en particular.

Representantes políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, miembros de la Iglesia católica e incluso el propio gobernador de la provincia del Chubut han expresado sus pareceres en torno a dicha iniciativa.

También una ordenanza municipal de 1991, sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Viedma, se refiere a la cuestión. Y otro tanto lo hace una norma similar, que rige en el ejido municipal de Sierra Grande. Ambas declaran que sus respectivos territorios resultan “zona no nuclear”.

¿Por qué importa asegurar la pluralidad de voces, la divulgación de información responsable y el debate colectivo?

Vale recordar que la inclusión de dispositivos propios de la democracia directa en las constituciones latinoamericanas se produjo a partir de los años noventa. Inclusión que trajo aparejada una mayor participación ciudadana en la elaboración, el control y la derogación de políticas públicas.

La proliferación de tales dispositivos de participación democrática ofrece remedio a la distancia que con frecuencia media entre la voluntad de los gobernantes y la de los gobernados.

Una brecha que, en ocasiones, hace de la efectiva representación política un ideal de difícil concreción, formalmente expresado a partir de elecciones periódicas.

Es por ello que las formas de la democracia directa apelan, muy esencialmente, a la intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Al menos cuando de temas de gran repercusión colectiva se trata.

Estos mecanismos de participación se orientan al fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos para expresar sus preferencias en materia de políticas públicas.

De tal modo, al tener algún control sobre la acción de los gobiernos, ese protagonismo puede traducirse en una mejor calidad democrática.

Entre las diversas formas institucionales de la democracia directa cuentan la iniciativa legislativa, la iniciativa popular, la consulta popular y la revocatoria de mandato.

La complejidad de la cuestión, sin embargo, no es menor. Puesto que asegurar las condiciones para que todos los ciudadanos puedan deliberar libremente, en un marco de igualdad y no discriminación, es todavía un desafío.

Y también lo es la capacidad o no de escucha por parte de las autoridades. Es decir, su aptitud para considerar esas voces que, en muchos casos, expresan posturas e ideales en pugna respecto de sus intereses.

Durante las últimas décadas en América Latina se han activado, además, mecanismos informales de democracia directa. Sucedió a través de la acción de las asambleas populares, como respuesta a políticas institucionales autorreferenciales y ajenas a las expectativas de numerosos grupos sociales.

En nuestro país, una de las más emblemáticas de esas experiencias tuvo lugar en Gualeguaychú, a partir del 2005, que introdujo la cuestión ambiental en la agenda pública de un modo contundente y audaz.

Dichas asambleas, como sostiene Roberto Gargarella, suelen defender formas específicas de democracia, relacionadas con rasgos definitorios como los de inclusión y debate público.

Y ello bajo la convicción de que esa participación plural es capaz de garantizar mejor que ningún otro esquema institucional la toma de decisiones imparciales. Esto es, decisiones respetuosas de las demandas encontradas que son habituales en sociedades heterogéneas y diversas, como las nuestras.

Otros recursos para estimular la participación ciudadana en asuntos de relevancia colectiva se vienen produciendo en el marco de los juicios por jurados, las audiencias públicas y el presupuesto participativo.

La mejor voz democrática es aquella que resulta de un diálogo amplio y de un debate sustancioso, en contextos de igualdad y receptividad gubernamental.

No sería auspicioso, cuando de cuestiones medioambientales se trata, prescindir de su tonalidad.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

Asegurar las condiciones para que todos los ciudadanos puedan deliberar libremente, en un marco de igualdad, es todavía un desafío.