Otro formato para la misma novela

Mirando al sur

Más de una vez se intentó que las paritarias de los gremios docentes tuvieran lugar a fin de cada año y no sobre el comienzo de las clases. Pero esta negociación salarial, que suele ser el caso testigo para el resto del sector público de muchas provincias, también en el 2017 arrancará a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo previsto para el próximo 6 de marzo.

Aunque el fondo de esta novela siempre es el mismo –chicos y padres como “rehenes” del resultado final–, el formato de esta edición incluye varias novedades.

Por un lado, a pedido de varios gobernadores, la Casa Rosada decidió no negociar un piso salarial, al reemplazarlo desde diciembre por un sistema automático según el cual el sueldo inicial de los docentes se ubicaría un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil (hoy en $ 8.060). Con esta base asegurada de $ 9.672 mensuales, las escalas y ajustes para las categorías superiores deberán ser acordadas en cada provincia por los ministros y los gremios, con lo cual se descentraliza una negociación que en los últimos nueve años mantuvo en suspenso hasta último momento el inicio de las clases, aunque esta innovación no asegura necesariamente que comiencen el mismo día en todas las jurisdicciones.

Por otro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó también un orden arraigado durante años al pactar con varios gremios estatales un techo de aumento salarial de 18% anual para este año, que será ajustado trimestralmente en base al índice de precios al consumidor (IPC- BA) del Indec. Este esquema fue elegido como “modelo” por la Casa Rosada y será propuesto este jueves a los gobernadores para que puedan negociarlo con los sindicatos docentes, probablemente con algún refuerzo extra en el caso bonaerense. Algunos de ellos (como los de Río Negro y Mendoza) ya le pusieron un piso de 17%.

La ventaja del formato indexado es que evita que el poder adquisitivo de los salarios devengados se deteriore si la inflación sube demasiado, como ocurre con los aumentos fijos escalonados. La desventaja es que no permite recuperar el terreno perdido durante el 2016 en términos reales, si el índice inflacionario se ubica por encima de la meta de 17% para este año, que acaba de ser ratificada por el Banco Central, aunque varias consultoras privadas estiran hasta 23/24%.

Por lo pronto, el triunvirato que conduce la CGT se apresta a reclamar, en coincidencia con la reunión con los gobernadores, que el gobierno nacional vuelva a fijar el piso salarial para los maestros, si bien la mayoría de los gremios docentes están encuadrados en la CTA que también busca reunificarse. En este sentido, tanto la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) como Suteba (uno de los principales gremios bonaerenses) anticiparon que “si no hay una paritaria nacional, habrá un conflicto nacional”; reclamaron una suba de 25 a 30% en los salarios, de lo contrario, pusieron en duda que las clases arranquen el 6 de marzo.

Quizás el principal elemento que le falta a este nuevo formato es un pacto tripartito (gobierno nacional, provincial y sindicatos docentes) para garantizar el comienzo de clases independientemente de la marcha de las negociaciones y que cualquier ajuste salarial que se acuerde tenga aplicación retroactiva a marzo. Así se evitarían situaciones como las de Tierra del Fuego, por ejemplo, donde los alumnos de las escuelas públicas perdieron prácticamente la mitad del ciclo lectivo durante el año último. En menor escala, otro tanto ocurrió en Santa Cruz, mientras en la Capital Federal los gremios docentes rechazan un sistema de evaluación por puntaje sobre su desempeño en el aula a cambio de mejoras en su retribución. Sin embargo, el escaso tiempo existente para negociar acuerdos hace presuponer que –como ocurrió tantas veces– los paros docentes no sean la última sino la primera instancia.

Paradójicamente, los conflictos sindicales en defensa de la educación pública han venido engrosando en los últimos años la matrícula de las escuelas privadas. Según datos de la Universidad de Belgrano (UB), durante el período 2003/2015 hubo un éxodo de 433.500 alumnos en las escuelas primarias públicas (con una caída de 11,5% en la matriculación), mientras en las privadas se incrementó en 265.300 (27,3%). Este fenómeno es atribuible en los grandes centros urbanos a los padres –aún de bajos recursos–, que optan por pagar un colegio privado antes que correr el riesgo de sacrificar salarios o jornales por no tener dónde dejar a sus hijos cuando van a trabajar.

Más allá del ámbito educativo, la combinación entre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ante la alta inflación del 2016, la lenta salida de la recesión y el avance de la campaña electoral conspiran contra un descenso de la conflictividad. Y colocan en un brete a los dirigentes de la CGT, que el año pasado consiguieron de la Casa Rosada el pago en cuotas de la deuda del Estado con las obras sociales ($ 29.000 millones) a cambio de bajar el tono de confrontación con el gobierno, pero a la vez descuentan que en las próximas paritarias deberán reclamar compensaciones por el deterioro salarial.

Un informe de la consultora Ecolatina calcula que en el 2016 hubo una caída real del 6% promedio en los salarios formales, debido a incrementos nominales de 33% frente a una inflación anual del 41,5%, aunque no fue homogénea. Los trabajadores que más perdieron poder de compra fueron los de la construcción (- 11%, agudizada por una reducción similar del empleo registrado), seguidos por los textiles
(- 9,6%); empleados de comercio (-8,6%); estatales (-8%); gastronómicos (-7,8%); camioneros (-7,5%) y metalúrgicos (- 6,2%). Entre los sindicatos que exhibieron la menor caída promedio se encuentran los trabajadores rurales
(-2,7%); mecánicos (-3,4%) y personal de seguridad (-4,7%). Ecolatina proyecta para el 2017 un incremento salarial cercano al 25% y una inflación de 24%, con lo cual la recuperación no cubrirá la pérdida sufrida en el 2016.

Con cierta ingenuidad, la Casa Rosada pretendió que con el bono de fin de año se compensarían buena parte de esas caídas y la negociación salarial para el 2017 podría basarse en la menor inflación futura, con ajustes por productividad. Sin embargo, el bono no fue para todos en el sector público ni tampoco en el privado, y aún quienes lo cobraron, como los bancarios, amenazan con nuevos conflictos tras la decisión del gobierno de no homologar el acuerdo para aplicar una suba salarial de 19% anual en el 2017, a rediscutirse en abril, que no fue firmado por los bancos extranjeros.

Con esta base asegurada de $ 9.672 mensuales, las escalas y ajustes para las categorías superiores deberán ser acordadas en cada provincia por gobiernos y gremios.

La CGT se apresta a reclamar, en coincidencia con la reunión con los gobernadores, que el gobierno nacional vuelva a fijar el piso para los maestros.

Datos

Con esta base asegurada de $ 9.672 mensuales, las escalas y ajustes para las categorías superiores deberán ser acordadas en cada provincia por gobiernos y gremios.
La CGT se apresta a reclamar, en coincidencia con la reunión con los gobernadores, que el gobierno nacional vuelva a fijar el piso para los maestros.

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