Restablecer la convivencia social

14 abr 2014 - 00:00
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Ante la ola de episodios violentos que conmueve a la sociedad y que ha desencadenado pronunciamientos por parte de diferentes sectores, deseamos aportar algunas reflexiones en la esperanza de contribuir con la ardua tarea de encarar políticas enderezadas al restablecimiento de la convivencia.

• Delincuencia y Estado.

No utilizar el Estado como coartada.

Es ya un lugar común referirse a la “ausencia del Estado” como responsable de la violencia que azota a nuestra sociedad.

Sin duda hay algo de verdad en esa afirmación, pero no se puede ignorar que en muchos casos se trata no tanto de una ausencia cuanto de una retirada, que crea tierras de nadie a merced de la violencia generando condiciones para una “privatización” del servicio de seguridad.

Asimismo, en muchos casos tampoco se trata de ausencia, sino de interpenetración entre la delincuencia y un Estado que está presente pero comprometido con ella.

Así, la presencia estatal requerida depende de un regreso del Estado tanto como de una reconstitución activa de sus funciones indelegables.

• No estigmatizar a los pobres.

Considerar, como se hace con extrema frecuencia y muchas veces de parte de las más altas autoridades, que la pobreza y la exclusión son causales de la delincuencia y la inseguridad es superficial, injusto y peligroso.

Es injusto de por sí: los pobres no delinquen más que los ricos.

Y es doblemente peligroso: orienta muy mal los recursos escasos a movilizar para reducir la inseguridad y coloca al pobre, que ya sufre mucho la delincuencia, en la penosa situación de sospechoso.

Este estigma profundiza la zanja social que nos afecta y fomenta la hipocresía inocultable de fórmulas que se empeñan en buscar las “causas” de la violencia en la exclusión e, implícitamente, asocian el delito con los excluidos.

Las causas reales son bastante más complejas y deben enfrentarse con un conjunto de políticas sólidas y coherentes.

• Autoritarismo popular.

No pueden caber dudas sobre el hecho de que la restauración de patrones de convivencia ética que dejen atrás el estado de violencia primitiva que nos amenaza requiere de un impulso y carácter específicamente estatal, o sea, un movimiento del poder político que recupere el orden en el marco de una república democrática y revitalice el Estado como institución básica e indispensable del gobierno de la ley.

Pero no es menos cierto que los argentinos también tenemos una enorme dosis de responsabilidad sobre el presente estado de cosas y, por ende, sobre su solución.

Nuestro desapego a la ley es proverbial y una de las fuentes de los males contemporáneos.

El autoritarismo popular, que al mismo tiempo que reclama un Estado más duro y violento está siempre dispuesto a hacer “justicia” por mano propia infringiendo la ley, tiene, como se ha visto en las últimas semanas, una propagación social alarmante y de esta anomia social se ven así las dos caras.

Los agentes públicos se enfrentan a una doble tarea, porque deberían evitar el delito y, por otra parte, poner coto a los que violan la ley en respuesta a esa amenaza, estimulados en parte por su defección.

Pero sobre todo se trata de ser conscientes de que estas formas de negación de la ley corroen la vida pública, generan más inseguridad e importan un desafío severo a la acción política.

• A favor de la vida y la convivencia.

El compromiso con el gobierno de la ley confiere consistencia a un Estado de derecho, que es aquel en el que los ciudadanos no se arrogan el ejercicio de la Justicia, infligiendo a presuntos culpables brutales castigos físicos asimilables a la tortura.

Un Estado de derecho es aquel en el que un gobierno legítimo está obligado a cumplir y hacer cumplir los derechos subjetivos y los derechos humanos incorporados a su Constitución.

La tarea política del Estado supone proteger a los ciudadanos víctimas de delitos pero también a los (presuntos o no) delincuentes, que no pierden sus derechos por el hecho de serlo.

La democracia argentina fue refundada en 1983 tras las terribles experiencias de la guerra civil larvada, el terror de Estado de la dictadura militar y la guerra de las Malvinas.

La sangre derramada en esas tragedias permite entender que la marca de identidad de la refundación democrática haya sido esencialmente la valorización de la vida.

Y todavía lo es: la vida personal y comunitaria es el valor básico desde el cual el régimen político tanto como los ciudadanos dicen no a las formas incompatibles con ella, como la violencia.

¿Se ha deteriorado este compromiso? ¿Hay un cambio cualitativo en el curso de retroceso que venimos experimentando? En todo caso, los argentinos no deberíamos olvidar que la convivencia social, tanto como la política, depende de ese compromiso básico.

Y que ello implica una promesa y una voluntad, la de cumplir la ley.

(*) El Club Político Argentino está integrado por numerosos intelectuales del país que aportan a la vocación cívica y el debate público y plural de ideas