YPF y comunidades mapuches: una puja que incluye negocios, intereses y reclamos postergados

Conocé el trasfondo del conflicto entre la empresa, el gobierno y los Kaxipayiñ y los Campos Maripe.

El trasfondo de una puja que incluye negocios, intereses y reclamos postergados.

18 oct 2014 - 00:00
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Loma la Lata y su hermana menor Loma Campana se convirtieron en estos días en un campo de batalla. El frágil equilibrio entre las empresas, las comunidades mapuches, las familias que reclaman derechos sobren esas tierras y el gobierno provincial dio paso a una turbulencia que rodea Vaca Muerta, pero que esconde en el fondo un compleja red de negocios, intereses y reclamos postergados.

Por un lado, como no había ocurrido en los últimos diez años, YPF salió a acusar públicamente a Gabriel Cherqui, vocero de la comunidad Kaxipayiñ de querer extorsionar a la empresa y entorpecer las tareas de remediación. Se teje alrededor de Cherqui una imagen curiosa: es un referente indiscutido de la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y a su vez un “empresario exitoso”, con negocios millonarios y un capilar sistema de control sobre las actividades que se realizan en Loma La Lata.

Por otro lado, la protesta de la familia Campo Maripe, con integrantes encadenados a torres de perforación, forzó al gobierno a otorgarles la personería jurídica y con ello a reconocerlos como comunidad mapuche. Esto cambió el escenario por completo en Loma Campana, donde YPF teme que el renovado estatus de un interlocutor al que jamás reconoció como superficiario pueda abrir nuevos focos de conflicto.

Se trata de dos hechos separados pero vinculados donde las posiciones encontradas parecen irreductibles.

Negocio compartido

No importa demasiado desde cuándo ocupan las tierras. La realidad es que hay una docena de familias de la comunidad Kaxipayiñ que viven en Loma La Lata. Durante años padecieron el impacto de la actividad petrolera cuando los controles no existían. Sobran pericias sobre la contaminación con metales pesados en tierra y agua e inclusive cursa por estos días una causa iniciada en el 2005, a cargo del juzgado federal que maneja Carolina Pandolfi.

Pero de forma paralela a la resistencia que ejercieron estas familias sobre la actividad –de la cual no están en contra, según palabras del propio Cherqui (ver aparte)– montaron una intrincada red de negocios que muchas empresas tildan como extorsiva.

Fuentes de YPF detallaron a “Río Negro Energía” cómo funciona. En principio, a través del mecanismo de consulta previa, consagrada por los pactos internacionales, acceden al detalle preciso de las obras que se van a llevar a cabo dentro del yacimiento y las contratistas que compulsan por él. Luego, explicaron, impugnan a aquellas firmas que no son de su agrado bajo amenaza de no dejarlas entrar a esas tierras. Finalmente, el propio Cherqui se mete en el negocio a través de su empresa La Lata SRL, con la cual busca subirse a los contratos con un curioso mecanismo de “intermediación”. Su empresa no tiene bienes. Sin embargo, explican desde la compañía, el dirigente mapuche les impone a las contratistas camionetas o maquinarias que él mismo gestiona. Como no las tiene, las alquila a terceras firmas. Todo, bajo la advertencia de que sin la anuencia de la comunidad no se puede trabajar en Loma La Lata.

Varios empresarios, inclusive, hablan desde hace años del “canon mapuche”. Es la parte del negocio que hay que ceder para trabajar sin inconveniente. Firmas de primer nivel como Skanska, por ejemplo, llegaron a firmar contratos de participación de ganancias con la comunidad. Otras, por no ceder a esos pedidos, directamente no entran en Loma La Lata.

Como un verdadero administrador del territorio, Cherqui maneja además otros negocios como el estacionamiento frente a la turbo expander. Dentro de los yacimientos hay inclusive peajes.

La empresa La Lata SRL es proveedora de muchas contratistas y de la propia YPF. También de AESA, un desprendimiento de la firma que conduce Miguel Galuccio a la que le factura de forma directa. Más allá de alguna irregularidad ocasional con los papeles, todos coinciden en que la firma de Cherqui actúa en blanco.

Nadie habla de montos, pero atento a las cifras que maneja el sector se presumen millonarios. Y este negocio, hay que decirlo, no es nuevo: tanto el gobierno provincial como la gestión de Repsol, la actual YPF y varias contratistas lo avalan –con más o menos poder de fuego para cuestionarlo– desde hace años.

Con esa relación comercial de trasfondo, Cherqui intensificó las denuncias de contaminación y derrames, algunos ocurridos los últimos días. YPF asegura que lo hace a modo de extorsión y que es la propia comunidad quien no deja remediar. En un comunicado indicó que se paralizaron las tareas mientras se renegociaba el contrato con la consultora Femun –impuesta por los Kaxipayiñ para seguir de cerca las tareas de reparación ambiental de YPF–, que pedía cuadruplicar su facturación.

La situación aún no está resuelta y amenaza con agravarse.

Nueva comunidad

Hace cuatro meses, el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, inició una denuncia penal contra la familia Campo Maripe por bloquear el paso a una camioneta que ocupaban entre otros el gobernador Jorge Sapag, su par de Buenos Aires, Daniel Scioli y el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Dijo que actuaron “en forma violenta, patoteril y agresiva” y negó que fueran una comunidad mapuche.

Apenas 120 días más tarde, el ministro de Coordinación del Interior, Jorge Lara, se comprometió a otorgarles la personería jurídica, lo que implica reconocerlos como comunidad mapuche. Son conocidas las aptitudes del exministro sobischista como operador político. Tuvo la tarea de desactivar la bomba de un reclamo que se tornaba peligroso, con el riesgo real de que hubiera víctimas.

Sin embargo, podría haber generado otro conflicto. Ahora, reconocidos por el Estado, podrán exigir la consulta previa a YPF. Y en la compañía temen que empiece a replicarse en Loma Campana, principal clúster no convencional y con 19 equipos de perforación en marcha, el mismo esquema que encabeza Cherqui en Loma La Lata.

“Río Negro Energía” intentó hablar con Lara sobre el tema, pero el ministro se excusó a través de un vocero, alegando que la negociación seguía en marcha.

“En los 30 años que YPF operó esa zona jamás tuvimos un reclamo de los Campo Maripe, hasta 2013 cuando se presentaron pero no como comunidad mapuche sino como familia”, se quejó una fuente de la compañía. Con el reconocimiento del Estado, ahora podrán formar parte del relevamiento indígena, único punto de contacto entre las partes involucradas y que definirá si tienen o no derechos sobre las tierras que reclaman.