Impulso para 39 laboratorios de producción pública de medicamentos

Ahora se propicia la sistematización de dispositivos de investigación y producción pública tanto de medicamentos, vacunas y productos como de materias primas con recursos oficiales.

10 ago 2014 - 00:00
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Tras permanecer frenada más de tres años en el Ministerio de Salud de la Nación, por el decreto 1087 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el 10 de julio pasado y publicado en el “Boletín Oficial” once días después, se reglamentó la ley 26688 sancionada el 29 de junio de 2011 y promulgada de hecho un mes después. Demoró en concretarse, pese a que debía establecer un registro de los laboratorios de producción estatal de medicamentos y que tendría en cuenta la propuesta de aquellos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Propicia “la sistematización de dispositivos de investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos, como materias primas, con recursos del Estado” y abarca los establecimientos que “articularán sus actuaciones con los sectores científico-tecnológico y académico, universidades e institutos”.

Estableció, también, que se promoverán acuerdos entre las jurisdicciones que contemplen que para las compras de los estados nacional, provinciales o municipales y de la Ciudad de Buenos Aires se prefiera a los establecimientos públicos, de acuerdo con las leyes vigentes, que coticen hasta un 5% por sobre el precio del primer mejor oferente privado. Los mecanismos para las compras centralizadas se acordarán en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

La reglamentación se conoció cuando ya 25 legisladores oficialistas respaldaban un proyecto de la diputada Carolina Gaillard (Entre Ríos, Frente para la Victoria) para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). Ésta, de aprobarse, nuclearía a los 39 establecimientos que dependen de los gobiernos provinciales y las universidades estatales para complementar la ley de producción pública de medicamentos del 2008, a la que le faltaba la creación del organismo de aplicación. Entre los objetivos del proyecto figuran: centralizar las compras de materiales para ganar en competitividad y garantizar ahorros en los traslados de los remedios, como asimismo fomentar la producción de los “huérfanos”, que son aquellos destinados a combatir enfermedades que afectan a sectores vulnerables de la población, como la que padece el mal de Chagas y cuya fabricación no interesa a los laboratorios comerciales porque no resulta suficientemente rentable.

En la reunión del Consejo Federal de Legisladores de Salud, prevista para el 12 de agosto, se debatirá el texto normativo y las necesarias adhesiones de las jurisdicciones, pero ya se supone que habría un dictamen favorable en la Cámara de Diputados hacia fines de este mes.

Allá por noviembre del 2013, Guillermo Moreno, cuando estaba por dejar el cargo de secretario de Comercio Interior, convencido de que los privados tenían ganancias excesivas, mantuvo encuentros con directivos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y les exigió que presentaran sus estructuras de costos para determinar cuáles eran los márgenes de ganancias, y no descartó intervenir en los precios, persuadido de que en la Argentina eran más caros que en Estados Unidos.

Axel Kicillof, ministro de Economía y Finanzas Públicas, anunció el 24 de febrero pasado que los precios debían retrotraerse al 31 de diciembre, a lo que se le sumaría luego un 4%. Desde el sector farmacéutico apoyaron la iniciativa y pidieron que el Estado tuviera mayor participación en el armado de los precios. Marcelo Peretta, director del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, estimó que entre diciembre del 2013 y enero del 2014 hubo “un alza en los precios de hasta un 30% y no se le encuentra un justificativo cierto a esto”. De los medicamentos en venta ninguno retrocedió a los valores previos y, además, luego de la devaluación de mediados de enero pasado, los laboratorios aplicaron incrementos del 15% al 50% en 5.000 productos, en su mayor parte prescriptos para adultos mayores y que de comprarse por intermedio del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tenían rebajas del 50%, 60% y 80%, indicó la Asociación de Consumidores y la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados.

Tras los intentos infructuosos del gobierno por imponer una canasta de productos médicos, con medicamentos a “precios cuidados”, en junio se autorizaron alzas del 4% tomando como parámetros los valores al 31 de diciembre pasado, pese a que eso significó para muchos “una pérdida muy importante” por los incrementos en toda la cadena de valor del sector. Aunque hay 39 laboratorios estatales, sus críticos consideran que nueve son farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Sin embargo, entre todos los estatales podrían elaborar el 80% del listado de medicamentos esenciales de la OMS. Entre los que alcanzaron destacados niveles de gestiones y realizaciones y que funcionan de manera autárquica figuran: Puntanos, de San Luis; Hemoderivados, de Córdoba; de Especialidades Medicinales (LEM), de Rosario; Industrial Farmacéutico (LIF), de Santa Fe, que anunció la fabricación de analgésicos opioides para pacientes oncológicos; Productora Zonal de Medicame ntos (Prozome), de Río Negro, y el del hospital Eduardo Castro Rendón, de Neuquén.

No existen estadísticas actualizadas, pero en un momento dado se estimó una elaboración anual de 620 millones de unidades y una capacidad potencial plena de 680 millones. De los 39 estatales, sólo ocho eran proveedores del programa “Remediar”, lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación en el 2005 y que llegó a 14 millones de habitantes.

La legisladora Gaillard indicó que, más allá de potenciar la actividad, podría avanzarse en los estándares de calidad para garantizar mayor seguridad y que se concreten adquisiciones centralizadas, de manera que el sistema público gane mayor competitividad e intervenga en el mercado en la formación de precios de referencia.

En la Argentina, según los registros de habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), había en marzo pasado 300 laboratorios, de los cuales 50 eran grandes y dentro de ellos predominaban en el mercado sólo entre 20 y 30 nacionales, algunos con penetración internacional con sus exportaciones. Un estudio de la división argentina de la consultora IMS estableció que los 30 primeros laboratorios captaban el 86,14% de la facturación total, que oscilaba entre 38.000 millones y 40.000 millones de pesos anuales.

Al sector no pareció sorprenderle la decisión oficial de impulsar la producción pública. Hasta hubo empresarios que, reservadamente, expresaron que no confiaban en que la idea pudiera concretarse. Coincidieron en que los laboratorios estatales no tienen, ni siquiera en conjunto, la capacidad necesaria para producir conforme a las necesidades del mercado y hasta dudaron acerca de la calidad que tendrían los remedios. Interpretaron la reglamentación de marras como una acción contra los privados más que un proyecto que pudiera concretarse y hasta aventuraron que, “con subsidios estatales, nosotros también los podemos bajar”. Esto venía sucediendo mientras caía en desuso la obligación legal de recetar medicamentos por su denominación genérica, es decir, por los nombres de las drogas en lugar de las marcas comerciales, decidida para regular los precios y proporcionarles a los compradores-pacientes la posibilidad de elegir. La ley, sancionada en agosto del 2002 y promulgada en septiembre de ese año, tuvo su pico de aplicación en el 2004, cuando las prescripciones por las denominaciones de las drogas figuraron en el 89% de las recetas, proporción que desde el 2005 fue retrocediendo y en la actualidad no superaría el 25%.

Mientras tanto el gobierno apunta a triplicar toda la producción del sector hasta 1.350 millones de unidades en el 2020 y crear hasta entonces 40.000 empleos, de concretarse el financiamiento de la reconversión tecnológica de las empresas y el impulso del desarrollo de productos destinados al mercado regional, entre otras medidas. “Impulsamos la producción de los laboratorios multinacionales en la Argentina”, llegó a declarar Débora Giorgi, ministra de Industria, persuadida de que se podrá “revertir el déficit creciente del sector a través del incremento de la producción nacional y el fortalecimiento de la vinculación internacional de las pequeñas y medianas empresas (pymes)”.

Daniel Gollán, viceministro de Salud de la Nación y secretario de Salud Comunitaria, consideró que “es importante en la Argentina hacer este desarrollo del sector público porque el privado, en la actualidad, hace poco en este aspecto: invierte cerca del 17% en investigación y desarrollo (I+D), lo que no es suficiente en relación con lo que el país necesita. Esto hace que la balanza comercial del sector tenga un déficit de más de 900 millones de dólares”. Destacó, incluso, que “si los públicos lograran pasar de producir 7/8% del mercado general a 20/25%, alcanzarían una posición de negociación más fuerte ante los privados. Y mientras los laboratorios estatales ganan entre 8% y 13%, lo que les permite reinvertir en desarrollo, los privados con márgenes 10 ó 15 veces mayores distorsionan el mercado. Esto no implica estar en contra de la industria privada que, por su gran magnitud, ocupa mucha mano de obra”.