Jubilados y ajuste: cómo hará el gobierno para bajar el gasto previsional

“Un pueblo que no cuida a sus jóvenes y ancianos no tiene futuro” dijo hace algunos años el Papa Francisco. Una sentencia que interpela hoy más que nunca a la clase política, en vísperas de los cambios que se avecinan.

Poco se habla aun del proyecto para introducir cambios en el sistema previsional. En el gobierno se resisten a hablar de reforma. No porque el proyecto no esté en carpeta. De hecho algunos de los voceros más resonantes del oficialismo, ya instalan en los medios la necesidad de revisar la edad jubilatoria. Aún así, prefieren por ahora enfocar la discusión en la fórmula usada para calcular la actualización de los haberes. En la visión de quienes conducen la economía, es un cambio esencial para lograr una baja sustancial del agujero fiscal.

Desde el año 2009, rige la Ley de Movilidad Jubilatoria que otorga dos aumentos anuales (marzo y septiembre). El cálculo se realiza tomando en cuenta la recaudación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Índice de Salarios (IS) del Indec o el RIPTE, un índice basado en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. A tono con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la propuesta oficial busca que la actualización se base solo en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir se busca pasar de un esquema de actualización basado en la capacidad recaudatoria del sistema y en los salarios promedio de los trabajadores en actividad, a uno que solo considere la inflación.

Distintas estimaciones privadas indican que cambio significaría un ahorro mayor a los $100.000 millones anuales.

Algo de historia

Para tomar verdadera dimensión del peso relativo del sistema previsional, es bueno poner algunos datos en perspectiva. El infograma adjunto muestra el fuerte crecimiento del gasto previsional en los últimos 30 años, principalmente durante la última década. En los años ‘80, el peso del sistema fue apenas superior al 4% del Producto Bruto Interno (PBI). En los ‘90 el menemismo reconoció deudas y ajustó haberes, llevando el gasto previsional al 6% del PBI. Pero fue durante el kirchnerismo que el peso del sistema previsional creció de forma explosiva, superando para el año 2015, el 10% del PBI. El aumento se dio a partir de la re estatización, la Ley de Movilidad, la creación de la Asignación Universal por Hijo, las moratorias que incorporaron 3 millones de nuevos beneficiarios y la recuperación progresiva del poder adquisitivo del haber jubilatorio promedio.

Si se compara con otros países, resulta que en la región, Brasil y Uruguay mantienen un gasto previsional del 7%. Solo países desarrollados como Francia (11,5%), Gran Bretaña (12,2%), o europeos con crisis de deuda como Grecia (11,5%) o Portugal (11,5%), superan el ratio argentino. En otras palabras, podría considerarse que la reforma previsional busca solucionar un acápite más de la herencia recibida.

Sin embargo, el incremento del gasto previsional no se detuvo a fines de 2015. La ‘Reparación Histórica’ lanzada por el actual gobierno en 2016 incrementó un 1,5% más el gasto previsional, llevándolo a valores récord a nivel global. Un informe publicado en mayo de 2016 por la consultora Macroview, fundada Carlos Melconián, por ese entonces funcionario del actual gobierno, advertía del riesgo de otorgar un beneficio permanente como el incremento de jubilaciones otorgado por la Reparación Histórica, sujeto a un ingreso de recursos por única vez como fue el blanqueo de capitales aprobado junto a la revisión de los haberes previsionales. El citado documento estimaba que el aumento del gasto a raíz de la ley aprobada en 2016, sería de unos $50.000 millones.

Finalmente, el rédito político volvió a pesar más que el costo económico de volver a subir el gasto, y la llamada ‘Reparación Histórica’ llegó a 2,2 millones de jubilados, solo el 30% del total.

‘Ahorro’ para bolsillos flacos

No hace falta ser demasiado lúcido para comprender que lo que motiva el cambio que impulsa el gobierno nacional, no es otra cosa que la intención de reducir el gasto previsional. Tampoco cuesta demasiado trabajo advertir que si se reduce el gasto previsional, quienes verán afectado el bolsillo serán los jubilados.

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza las implicancias del cambio que se propone en la forma de estimar la movilidad de los haberes jubilatorios. Explica que la fórmula actual, está absolutamente ligada a la dinámica de los salarios vigentes en la economía, tanto por la recaudación del SIPA producto de los aportes de los trabajadores en actividad, como por la evolución del RIPTE que refleja la evolución de los salarios promedio. Así, todos los incrementos salariales que reciben los trabajadores en actividad, se trasladan indirectamente a los haberes jubilatorios.

Optar por una fórmula atada a la inflación, significaría en cambio congelar el poder adquisitivo de las jubilaciones, en base a la inflación registrada en el trimestre inmediato anterior.

El infograma adjunto refleja claramente la proyección para la jubilación promedio en el año 2018, en base a las dos fórmulas de cálculo, partiendo del haber promedio vigente: $13.683.24.

Con la fórmula actual, la jubilación promedio llegaría a $15.534.58 en marzo (+13,53%), y a $16.777,35 en septiembre (+8%). El aumento anual sería del 22,61%. Si en cambio se utiliza la nueva fórmula atada al IPC, y en base a la inflación esperada para el año que viene, el haber promedio recibiría cuatro actualizaciones (marzo, junio, septiembre y diciembre), finalizando 2018 en $15.296,49. El incremento anual sería 11,78%, exactamente la mitad que con el sistema actual.

El documento del CEPA estima que si los valores se proyectan al total de 6,8 millones de jubilados y pensionados, el ahorro para el Estado sería de $103.000 millones. El cálculo es sencillo: con la nueva fórmula cada jubilado recibirá un recorte promedio de $15.000 anuales en 2018.

Lo que viene, es sin duda un camino sinuoso. ¿Es posible sostener un sistema con semejante peso relativo en el PBI? Con las condiciones actuales no. Para lograrlo sin hacer cambios, sería necesario que el PBI crezca fuerte y rápido. No parece que vaya a suceder en lo inmediato.

El segundo interrogante es: ¿Serán nuevamente los jubilados la variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal? Es inevitable remontarse al recorte del 13% aplicado por el gobierno de Fernando De la Rúa. La lista de elementos para criticar la gestión económica del gobierno anterior, es interminable. Pero si hay un dato cierto, es que la situación relativa de los ancianos, mejoró notablemente. Uno de los diarios de mayor circulación nacional, publicó hace diez días que si los haberes se hubieran calculado por IPC desde 2009, las jubilaciones serían hoy un 20% más bajas.

Un elemento no menor, es que el aumento de precios de la canasta de bienes y servicios de un jubilado, es mucho mayor, por la incidencia de los servicios de salud y medicamentos.

Tiempo de decisiones fundamentales. En línea con Francisco, el futuro espera.

Datos

Dura encrucijada. Reducir el elevado gasto previsional, afectando el bolsillo de los jubilados. Un debate determinante para el tiempo que viene.