La UCA advirtió al Gobierno sobre la falta de “protección social”

Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió hoy al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de “protección social”.

Las medidas adoptadas en 8 meses de gestión por el presidente le atribuyen la creación de ‘nuevos pobres’ y le pide “una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

Con el título “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social”, el informe fue presentado esta tarde.

El equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un “diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada” por la administración de Mauricio Macri y los “urgentes desafíos” que se plantean.

Explicaron que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que “más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia”, en un contexto en el que -resaltó- “los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad” para los sectores más desprotegidos.

El trabajo mantiene un equilibrio entre “los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica” de los últimos años que no contribuyeron a erradicar la “pobreza extrema” (que afecta a 4 millones de personas) y los “costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses”.

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que “no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores”.

En una detallada síntesis, resaltaron como objetivos “imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza” que los sectores sociales más postergados accedan a la “seguridad social y a programas de transferencias de ingresos”.

Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 “mejoró el empleo decente” para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca “soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar” considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la “tan inevitable como dolorosa transición” pero que -por lo general- se adoptaron “de manera tardía”.

Advierte que “el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social”, sino también los “millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”, quienes -según señala el informe- no recibieron una “especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.

El informe indica que a este segmento de la población “no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales” y considera a esta “masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares” como los “’nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”.

Asimismo se reconoce que el gobierno necesita “tiempo” para que la economía comience a crecer, pero advierte que “muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una “importante reducción” entre 2010 y 2011, pero que “esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015”.

“La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015”, se remarca.

En cuanto a los ingresos monetarios, indica que “se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015”.

Uno de los mayores exponentes del país en el estudio del flagelo de la pobreza es el especialista Agustín Salvia. Doctorado en sociología, es el director del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA, investigador del Conicet, y profesor en la UBA y en FLACSO. Es referencia para dirigentes de todo el arco político, y fuente permanente de consulta.

PREGUNTA: ¿Cual es su perspectiva de la macroeconomía finalizado el primer semestre?

RESPUESTA: Creo que sorteamos una crisis importante en términos de lo que potencialmente significaba el deterioro de la macroeconomía a fines del año pasado. Se hizo una serie de ajustes con relativo éxito, por ejemplo la devaluación o el cierre del capítulo holdouts. Ahora el costo de ese ajuste y su impacto socio económico es conocido. En este aspecto, y con el diario del lunes, se pueden señalar ciertos desequilibrios que podrían haber sido mejor resueltos. Un ejemplo es el descontrol de los precios antes, durante y después de la devaluación. Un comportamiento empresario poco regulado por el Estado, cuando la situación era complicada para los sectores medios y bajos que no vieron mejorados sus ingresos, y se empobrecieron.

P: ¿Cuantos nuevos pobres se han generado en 2016?

R: Nosotros estimamos 1,5 millón de nuevos pobres, sobre todo en los sectores medios-bajos o sectores informales de la economía, con una medición hasta los primeros días de abril. El total de pobres alcanzaría el 26% según la encuesta nacional urbana del Indec, y al 33% según la medición del ODSA.

P: ¿Es plausible decir que luego del tarifazo la cantidad de pobres puede ser aun mayor?

R: Si. Pero también es cierto que hubo medidas compensatorias, como la tarifa social, la reducción del IVA a la canasta básica o los aumentos salariales. Es complicado establecer una proyección. Lo que sí es cierto, es que hoy tenemos un nivel de pobreza superior al que teníamos a fines del año pasado.

P: Hay algunos cuestionamientos respecto a la representatividad de la encuesta del ODSA, ¿hay cierto sesgo en la muestra?

R: La muestra que usamos incluye 18 aglomerados urbanos en todo el país. Si bien no es una muestra sesgada, toda muestra sigue siendo solo una muestra. Pero en principio lo que buscamos es representar a los sectores urbanos en las grandes y medianas ciudades. Si es cierto que nuestro relevamiento es más representativo de áreas intermedias y/o sub urbanas. Pero ello no la convierte en una “muestra de pobres”. Prueba de ello es que la medición que obtenemos de indigencia, es muy similar al resultado que obtiene la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. La diferencia radica en que la EPH incluye a los ingresos individuales no destinados a los gastos del hogar, dentro del presupuesto familiar. Nosotros en cambio. Nosotros en cambio excluimos aquellos ingresos destinados a gastos suntuarios individuales (por ejemplo cigarrillos). Ello produce que los ingresos familiares considerados sean menores, y el cálculo de la pobreza resulte un poco más alto.

P: ¿La ‘Pobreza Cero’ es posible, o se trata de una utopía?

R: Es cierto que buena parte del aumento de la pobreza se debe a una herencia, que traía aparejada una burbuja de consumo que no podía sostenerse. La otra parte tiene que ver con un conjunto de desequilibrios que surgieron por mala praxis del gobierno. Uno de ellos es el aumento de los precios, y el otro es la ausencia de un plan estratégico para el aumento de las tarifas, que permitiera un ajuste equilibrado no solo a través de tarifas sociales sino en el tiempo. Dicho eso, yo creo que la “Pobreza Cero” aparece más como un slogan de campaña que como un programa de gobierno. Creo que debiera reformularse en “Indigencia Cero” o en “Hambre Cero”, o en “reducción significativa de la pobreza” no solo por ingresos sino en términos de logros de bienestar básico para una sociedad. Mejorar la cobertura de salud, la calidad de la educación y de los empleos. Metas que debieran aparecer detrás de esa meta de “Pobreza Cero”. No son metas a alcanzar en cuatro años, sino un horizonte sobre el que deben crearse las bases para que eso sea posible.

P: El Papa Francisco criticó en reiteradas ocasiones la “teoría del derrame”. ¿Qué opina sobre ese concepto?

R: Con un fuerte programa de inversión nacional o extrajera, es posible recuperar la situación que teníamos quizá hasta el año 2007, como condiciones de funcionamiento relativamente razonables a nivel macroeconómico. Pero las inversiones no van a derramar sobre la pobreza y la marginalidad económica que experimenta casi un tercio de la sociedad argentina. Puede que si baja la inflación, baje un poco la pobreza. Aun así seguiremos teniendo entre un 20% y 25% de la población postrada en la pobreza, ya no por razones macroeconómicas, sino porque estos sectores participan de una economía informal y de subsistencia de muy baja productividad, que requiere de cambios estructurales. El mero crecimiento no generará una mejora en el empleo de estos sectores. Quizá mejore su nivel de actividad y capacidad de consumo, pero siempre con baja productividad, bajos ingresos y altas condiciones de precariedad laboral. La pobreza estructural no se resuelve con el crecimiento económico, y mucho menos con la apertura de la economía en materia de inversión o financiamiento.

P: ¿Cuáles son las herramientas para una mejora cualitativa en cuanto a la pobreza estructural?

R: El núcleo duro de la pobreza estructural no se verá modificado sin políticas activas que fomenten la articulación entre el segmento formal e informal de la economía y que subsidien un programa de desarrollo productivo y tecnológico en el sector informal. En este sentido la inversión pública juega un rol muy importante. Pero es necesario articular la inversión con una política estratégica de desarrollo. Nuestros indicadores multidimensionales de pobreza contemplan seis dimensiones: salud, educación, servicios, hábitat, empleo y alimentación. Los datos indican que el 17% de los hogares (el 20% de la población), está atravesado por al menos tres carencias fundamentales en alguna de esas dimensiones. Esto implica una ausencia del Estado. Las intervenciones aisladas en alguna de estas dimensiones, no son efectivas. Son necesarias políticas inter sectoriales coordinadas entre los distintos ministerios y entre el Estado nacional y el Estado provincial, y los municipios. Hay que apuntar a los lugares de mayor carencia, articulando el desarrollo social, con el desarrollo urbano, de infraestructura económica o de inversión productiva. Hace falta un plan, que todavía no se tiene, y que es parte de las deudas a nivel institucional.

P: ¿Es el Estado quien debe asumir ese rol estratégico?

R: Absolutamente. Pero debería haber colaboración del sector privado e incentivos al sector privado para que contribuya en esta política. El Estado no puede hacer todo solo. Y también hay que pensar que buena parte de la ejecución se debe descargar sobre el sector social. Hay ONG que operan sobre el territorio y deberían ser ejecutores de este proceso, naturalmente de forma más transparente que en las experiencias vividas con el gobierno anterior. Y por último, algo muy saludable sería convocar al sector informal. Pequeñas unidades económicas, familiares, productivas o de servicios, que deberían tener un papel activo en este programa de desarrollo, en tanto contribuir con el empleo en el sector informal, va a producir riqueza en los espacios más pobres.

P: Se ha instalado la idea de que durante años en Argentina vivimos por encima de nuestras posibilidades ¿Cree que es así?

R: En cualquier economía moderna, la renta, incluso los salarios, pueden estar por encima de la productividad. Pero en tal caso la diferencia deberá ser subsidiada por algún sector o segmento, o tomando deuda. En Argentina la remuneración media estuvo por encima de los niveles de productividad durante un largo tiempo. Eso no quita que haya estado muy bien la solidaridad con los sectores más pobres vía planes sociales. Pero los planes sociales constituyen apenas entre un 2% y un 3% del PBI. Los subsidios en realidad fueron a parar a los segmentos productivos y de servicios de las grandes empresas, e incluso hacia los salarios de los trabajadores formales, cuya remuneración superó la productividad que generan. Las clases medias, incluidos los trabajadores calificados o técnicos profesionales, están teniendo ingresos por sobre lo que la economía les permite tener. Ese desajuste de la economía debe ser corregido. Obviamente no puede ser corregido sobre aquellos sectores que tienen menores ingresos y merecen un nivel de vida digno. Yo creo que efectivamente viene una tendencia a la baja en los salarios reales de los sectores medios, y habrá que mirar muy de cerca que sucede con los sectores de ingresos bajos. Mantener el esquema anterior, tiene patas cortas.

P: Este reajuste en las remuneraciones de cada sector ¿implica un retroceso en términos de la distribución del ingreso?

R: Es posible que en términos de los indicadores de distribución del ingreso, signifique un aumento de la desigualdad. Pero es necesario resaltar algo que los indicadores no miden, y es la gran concentración de beneficios y ganancias de las grandes empresas, nacionales e internacionales. Esto no fue discutido durante los últimos años, porque en ese lapso también hubo enormes ganancias para capitales nacionales e internacionales. Por eso no solo hace falta discutir sobre productividad, sino acerca de cuál es el aporte fiscal de los grandes grupos económicos a este programa de desarrollo económico. Es necesario que las empresas contribuyan con inversión, creación de empleo y el aumento de la carga fiscal.

P: ¿Es decir que sería necesaria una reforma fiscal progresiva?

R: Si. Porque hoy la presión fiscal es mucha, pero ¿sobre quienes? Sobre las pequeñas y medianas empresas… Hubo quita de retenciones, lo cual puede ser positivo para reactivar la actividad agropecuaria. Pero también es cierto que hay una renta productiva que queda liberada, así como queda liberada la renta financiera, o la que producen las grandes inversiones productivas. Esta muy bien la idea de hacer atractivo el mercado para la llegada de inversiones. Pero lo cierto es que un programa de desarrollo sustentable, tampoco puede solamente apoyarse sobre el ajuste de los ingresos de los sectores medios.