Pacto fiscal: una puja en torno a la caja

“Ordenar las cuentas públicas es fundamental, porque hoy se gasta más de lo que se recauda, en todos los niveles del Estado. La única manera de encontrar las soluciones que necesitamos es si todos los actores participan de la conversación”, fueron las palabras del Presidente Mauricio Macri luego de la primera reunión que mantuvo con los gobernadores para negociar tanto los cambios relativos a la nueva estructura de coparticipación, como la manifiesta intención de la administración federal de lograr una merma sustancial en un tributo distorsivo como Ingresos Brutos.

Todo el planteo oficial desborda buenas intenciones. El pacto finalmente se cerró el último jueves con dos objetivos: comenzar a reducir el rojo fiscal y lograr una mejora en la competitividad.

Desde que existe la ciencia económica, solo hay dos formas de terminar con el déficit: se incrementan los ingresos o se reducen los egresos. El secreto a voces, según está planteado el paquete de reformas, es que se trata de un juego de suma cero. El gobierno nacional resigna recursos con el blanqueo laboral, la reducción de aportes patronales, la baja en la alícuota de Ganancias. Por fuera de la reducción de subsidios económicos y del cambio en la fórmula de cálculo de los haberes previsionales, no se anuncia como contrapartida nada que haga avizorar una reducción significativa del gasto.

Los gobernadores por su parte, no estaban dispuestos a ver recortada su capacidad financiera. Hay que tener en cuenta que Ingresos Brutos representa hoy en promedio el 75% de los recursos provinciales, y que en algunas provincias representa incluso el 80%. Una baja en la alícuota del impuesto provincial, es viable siempre y cuando haya una compensación. Eso solo es posible, si otro de los estamentos del Estado cede recursos. Los mandatarios provinciales tampoco admitían el cambio en el Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB), que beneficiará a Buenos Aires en perjuicio del resto, si ello no se acompañaba de un nuevo esquema en el reparto de los recursos coparticipables.

Pasando en limpio

Para entender la letra chica del acuerdo entre nación y provincias, hay que repasar al menos a trazo grueso, cuanto resigna y cuanto gana cada uno, y quien es el eslabón más delgado por el que se corta la cadena.

En primer lugar, la propuesta del gobierno nacional consiste en hacer coparticipable el 100% del Impuesto a las Ganancias (IG). En 2017 el IG recaudará unos $557.000 millones y según la estructura actual, se coparticipa solo en un 64%. El 36% restante se destina en un 2% al Ministerio del Interior, un 4% a las provincias (sin Buenos Aires), 10% a Buenos Aires (con un tope de $650 millones) y 20% al ANSES.

En segundo lugar, para compensar el recorte a los recursos de la ANSES, se destinaría al organismo la totalidad de lo recaudado por el Impuesto al Cheque.

En tercer lugar, será la Nación la que resigne recursos. Se destraba el reclamo de la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema por el FCB, compensándola con recursos adicionales en 2018 y 2019. Por otro lado se compensa al resto de las provincias por dejar de coparticipar el Impuesto al Cheque.

El resultado del nuevo esquema es neutro en 2018 para las jurisdicciones provinciales, excepto para Buenos Aires, que ganará $40.000 millones extra. Es exactamente el costo fiscal que deberá afrontar la Nación.

El cuerdo incluye además la renuncia de las provincias a los juicios abiertos con la administración nacional. Es un paquete de $340.000 millones. A cambio, Nación pagará con un bono a 10 años por un total de $80.000 millones. Neuquén recibiría $2.000 millones y Río Negro $3.500.

Apostillas

El acuerdo que acaba de abrochar el gobierno con los mandatarios provinciales es amplio, e incluye no solo el aval de sus legisladores al paquete de reformas, sino también el compromiso de reducir la incidencia de Ingresos Brutos, y la revisión del financiamiento de las cajas previsionales provinciales. Un punto que ya causó revuelo en la legislatura neuquina, por el futuro del ISSN. Tratándose de un plan a mediano plazo, com metas a cumplir en los próximos seis años, el resultado ciertamente es incierto. Se trata de un lapso extremadamente largo para la agitada dinámica de la política nacional. Más aún en la diversidad de las provincias. Está claro que el reciente respaldo electoral que recibió el gobierno a nivel nacional, no dejaba demasiado margen de maniobra política a los gobernadores, más que dar el aval a los cambios.

Un detalle no menor de la nueva estructura que se planteó a los gobernadores, es que el Impuesto al Cheque seguirá vigente. La eliminación del tributo no solo era una promesa de la campaña presidencial de Mauricio Macri, sino que en el mes de agosto se había anunciado que la eliminación del impuesto se concretaría a fin de año. Una vez más, el gobierno debió retroceder sobre sus pasos, ante la necesidad de compensar al menos en parte a la ANSES, por la pérdida de recursos que representa la coparticipación total del Impuesto a las Ganancias.

Este último es quizá el punto más sensible. En la propuesta oficial, será ANSES quien reciba un mayor recorte financiero. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), lo explica con claridad. El organismo encargado de la seguridad social dejará de percibir $111.000 millones por la coparticipación total del Impuesto a las Ganancias. Resignará otros $12.000 millones por el 3% que ANSES debe reintegrar a las provincias en base al fallo de la Corte Suprema que a fines de 2015 reconoció el reclamo de Córdoba, San Luis y Santa Fe. Perdería además otros $43.000 millones a raiz de la reducción de contribuciones patronales que propone la reforma laboral. Como compensación recibiría $52.000 millones extra por el 100% del Impuesto al Cheque. El resultado final, es que desde 2018, ANSES perdería ingresos por $114.000 millones.

No es casual que el cambio en la fórmula para el cálculo de la actualización de las jubilacionesque acaba de acordar gobierno con los gobernadores , implique un “ahorro” de $100.000 millones en 2018.

En definitiva, serán los jubilados quienes pagarán de su propio bolsillo el precio del paquete de reformas.

Difícil de digerir, si se tiene en cuenta que la férrea política monetaria llevada adelante por el Banco Central con el único objetivo de reducir la inflación ya implica $350.000 millones anuales en concepto de intereses. Un costo de oportunidad tres veces mayor al precio que deberán pagar jubilados y pensionados el año próximo.

Datos

“Hicimos un gran esfuerzo para lograr borrón y cuenta nueva para con los juicios de las provincias por la coparticipación”.

Rogelio Frigerio

Ministro del Interior

de la Nación

“El primero de enero se eliminarán las aduanas interiores. Hemos alcanzado un acuerdo ordenador de las relaciones fiscales”.

Nicolás Dujovne

Ministro de Hacienda

de la Nación

Entender el paquete de reformas implica analizar el conjunto de medidas, en el que cada uno de los estamentos del Estado puja por no perder financiamiento.

Pulso Económico

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