Allen: por un juicio heredado deberán pagar $ 6.000.000

La actual gestión del municipio de Allen está a punto de comenzar a pagar un juicio millonario que heredó de una administración anterior en la que se abonaron sumas en negro a los empleados de la comuna. El caso encierra además un pago de honorarios a una abogada que trabajó para el municipio, durante el gobierno del exintendente Graciano Bracalente, y que reclama más de $370.000 por contestar la demanda un día después del vencimiento del contrato que la vinculaba con la comuna.

El municipio de Allen deberá desembolsar más de 6 millones de pesos para afrontar un reclamo judicial que se originó en la intendencia radical de Carlos Sánchez, como consecuencia de una acción que se originó en 2006. En ese entonces y ante el pedido de aumento salarial, el Ejecutivo acordó con el gremio Soyem el pago de sumas “no remunerativas” que luego se incorporarían al básico.

Como ese dinero no se blanqueó y fueron al básico, unos 140 empleados iniciaron una demanda judicial que en septiembre del 2015 tuvo un fallo desfavorable para la comuna.

La Justicia, entonces, terminó condenando al municipio por las sumas no remunerativas abonadas durante la gestión Sánchez y ahora el Ejecutivo hace números para liquidar la herencia millonaria. Por estos días el área Legal a cargo de la abogada, Liliana Martín, está en negociaciones con los empleados para acordar un mecanismo de pago.

Martín indicó que el municipio dispone de unos 255 mil pesos mensuales para afrontar el pago del juicio, que sólo en capital de actores (lo que deben cobrar los demandantes) alcanza los 4.921.690 pesos.

También en el marco de la causa la Justicia reguló el pago de los honorarios del abogado que representó a los empleados, Hernán Felipe Otero, que –del mismo modo– saldrán de las arcas comunales.

Algo más

Un dato más de la causa – tal vez el más llamativo y para el asombro – tiene que ver con que el municipio también deberá abonarle a la abogada Andrea Vesciglio, más de 370 mil pesos en concepto de honorarios. La profesional fue contratada por el exintendente Bracalente y trabajó en el área Legal de la comuna como asesora. Se sospecha que como una maniobra deliberada, la administración Bracalente rescindió el contrato con la abogada el 6-12 del 2011 y al día siguiente Vesciglio contestó la demanda, representando a la municipalidad.

Liliana Martín denunció la llamativa “maniobra” ante el Tribunal de Cuentas y planteó que: la demanda contra la municipalidad fue notificada el 21 de octubre del 2011 y que vencía el 6-12- del 2011.

Que, desde la notificación hasta el vencimiento, transcurrieron treinta días hábiles en los que los profesionales contratados por el municipio (la abogada Vesciglio, su padre que también es abogado y la abogada Rosales), podrían haber contestado la demanda.

“Pero se eligió el día posterior a la resolución del contrato de la doctora Vesciglio para presentar la contestación de demanda, sólo firmada por esta, de modo de generar abusivamente el derecho al cobro de honorarios”, dijo.

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