Amparo contra incentivos a la matanza de pumas y zorros

Un ciudadano solicita la suspensión de la ley que regula las recompensas para la caza de predadores autóctonos.

03 jun 2015 - 00:00
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La Cámara Civil de Apelaciones declaró de interés colectivo la acción de amparo promovida por un vecino de esta ciudad para que se suspenda la ley 736 autoriza la matanza de pumas y zorros y que fija recompensas para los cazadores.

La medida cautelar fue presentada por Sergio Capozzi, en calidad de ciudadano rionegrino, quien advirtió que “la provincia no había realizado las consultas previas que determina la misma ley en cuestión” al momento de establecer los incentivos y que tampoco intentó instrumentar “métodos alternativos más racionales que no afectan el equilibrio ecológico”.

El carácter colectivo establecido por el tribunal al aceptar la presentación del amparo habilita a otros habitantes rionegrinos a sumarse al proceso y participar en la audiencia conciliatoria, que para la provincia es de asistencia obligatoria.

El amparita sostuvo que la ley provincial 763/72 “no privilegia a la vida humana ni a los crianceros, sino que es una ley vetusta, realizada sin ningún conocimiento del funcionamiento del ecosistema y que debe ser reformulada de acuerdo a los conocimientos actuales”.

En su presentación rechazó los fundamentos de la norma que justifica la matanza bajo el pretexto de que pumas y zorros son dañinos para la ganadería, en especial para la cría de ovejas y advirtió que “para colmo de males, el Gobierno Provincial ha dispuesto aumentar el monto de las recompensas, con lo cual el incentivo ya no es proteger a las ovejas, sino lucrar con la muerte de pumas y zorros”.

El amparista citó estudios y destacó el trabajo realizado por el INTA en Junín de los Andes, donde la utilización de cría de perros protectores mantienen alejados a los animales silvestres y reduce significativamente los ataques.

“La aplicación de estos métodos permitió reducir en un 85 por ciento la mortandad de ovinos sin daños para los felinos y zorros” sostuvo Capozzi quien señaló que su postura cuenta con el respaldo de investigadores de la Universidad del Comahue.

También recordó que distintas leyes nacionales y provinciales, y la misma Constitución de Río Negro, regulan específicamente la protección de la fauna y flora autóctona, dándole el rango de patrimonio.

En cambio la ley 736 fue sancionada durante una dictadura militar, hace más de 40 años, cuando no existían estudios serios sobre el impacto ambiental de la matanza promovida. “No se tenía conciencia sobre las implicancias de la desaparición de estos pumas y zorros como barrera natural para el crecimiento de especial dañinas”, señaló.

En otro punto, afirmó que “debido a la interacción trófica entre distintas poblaciones de grandes mamíferos que habitan la estepa patagónica y que incluyen no sólo a predadores como el puma y el zorro, sino también al ganado y competidores silvestres del mismo como guanacos y maras, la disminución forzada del puma que se encuentra en la cúspide de la red no favorece a a la producción sino todo lo contrario”.

En tal sentido explicó que “el aumento de la carga herbívoros en general hasta un punto de deterioro irreversible de las pasturas, que quedan de este modo inutilizables para la ganadería, con el consecuente perjuicio permanente para el productor”.