Legisladores aprobaron el acceso a la información pública y el uso del cannabis medicinal

Durante esta madrugada, los legisladores neuquinos realizaron la 37º sesión ordinaria. En el transcurso del orden del día, los diputados aprobaron la ley de acceso a la información pública y el uso medicinal del cannabis.

Cannabis medicinal

El uso del aceite de cannabis para el tratamiento de patologías quedó incorporado al vademécum provincial con la sanción de la ley 3042, que obtuvo 30 votos positivos en la Legislatura.

La iniciativa permitirá la importación de este tipo de medicamentos y su cobertura integral por parte del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La ley también contempla la suscripción de convenios con los efectores de Salud Pública, laboratorios provinciales, universidades nacionales con sede en la provincia, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para realizar investigaciones sobre su utilización en el tratamiento de diversas patologías.

Santiago Nogueira de Libres del Sur manifestó: “En los casos de epilepsia refractaria, el aceite de cannabis logra reducir en un 50% la cantidad de convulsiones mejorando así la calidad de vida de los pacientes y sus familias”.

El legislador consideró la sanción como “un primer paso muy importante” pero reiteró la necesidad de lograr la despenalización del autocultivo en el Congreso nacional.

El diputado Maximiliano Caparroz del MPN expresó: “Hoy está demostrado científicamente que el cannabidiol trae beneficios”.

Acceso a la información

Los diputados neuquinos sancionaron en general la ley que reglamenta y garantiza para los ciudadanos el acceso a la información de los tres poderes del Estado.

La norma garantiza que “toda persona humana o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna” de cualquier órgano provincial presentando un escrito, enviando un correo electrónico o completando un formulario web. El pedido de información debe ser respondido en un plazo no mayor a 15 días hábiles y contempla sanciones disciplinarias para los funcionarios que obstruyan o se nieguen a responder.

María Laura Du Plessis (MPN) aclaró que las solicitudes se podrán hacer “sin invocar siquiera un interés legítimo” y destacó que “el derecho a la información es la antesala al derecho de la libertad de expresión”.

Pamela Mucci (UNE-FPN) consideró la sanción de la ley como “una cuestión para celebrar” porque era una reglamentación pendiente “durante mucho tiempo”. “Probablemente pueda ser una ley perfectible. Hemos tratado de consensuar un despacho único para que esta ley fuera posible. En el medio habrán quedado cosas sin considerar, nosotros habíamos planteado la creación de una página web que no fue posible”.

Patricia Jure (FIT), consideró la ley como “una impostura” y recordó todos los pedidos de informes “que duermen en los cajones de las comisiones”.

Raúl Podestá (NE-FG) manifestó: “Esto no cambia nada, el derecho de acudir a la justicia cuando no se contesta una solicitud siempre estuvo. La verdad que es muy pobre, no nos deja conformes”.