El Contralor arma inventario de ordenanzas incumplidas

Los vacíos normativos hicieron posar la mirada en esta situación. Hay normas que nunca se reglamentaron.

El Contralor arma inventario de ordenanzas incumplidas

Tras tropezar una y otra vez con vacíos normativos que trabaron investigaciones, el Tribunal de Contralor prepara un reclamo integral al Ejecutivo municipal para que avance en la reglamentación de varias ordenanzas clave.

La presidente del Tribunal, Denise Cassati, aseguró que en distintos casos se encontraron sin elementos para actuar porque “hay ordenanzas que existen desde hace años, pero no fueron reglamentadas”.

Entre ellas mencionó el Código de Edificación, la ordenanza de violencia laboral, la de ética pública y la reglamentación de casinos. Esta última prevé un fondo municipal de prevención de la ludopatía, jamás implementado.

Respecto del Código de Edificación, iniciaron una actuación a pedido del Colegio de Arquitectos, por la reticencia del municipio a aplicar los últimos cambios aprobados hace cuatro años, y por el cobro una tasa que ya fue derogada.

Según Cassati, por ese tema presentaron un pedido de informes cuyos plazos ya están vencidos y el Ejecutivo nunca contestó.

También dijo que la falta de reglamentación complicó los sumarios de la funcionaria Etel Outeda (ante una denuncia por maltrato laboral) y del subsecretario de Medio Ambiente Carlos Beros (por supuesta incompatibilidad).

“Trabajamos con la asesoría letrada en una resolución para exigirle al Ejecutivo que reglamente las ordenanzas que faltan -aseguró-. Va a salir en los próximos días”.

La ordenanza 2.245 de “prevención y erradicación de la violencia laboral” en la administración pública fue sancionada en 2011. El procedimiento de los sumarios debía ser reglamentado en 60 días, pero nunca ocurrió.

La ordenanza 1.760 de regulación de casinos data de 2007 y crea un fondo de prevención de adicciones, con presupuesto específico. En abril pasado el Tribunal pidió rendición de cuentas al Ejecutivo y la respuesta fue que el fondo no se implementa porque “falta reglamentarlo”.

Algo parecido ocurre con el Código de Edificación, que fue actualizado por la ordenanza 2.380 de 2013, y con la ordenanza de ética pública 2.554, aprobada en 2014 por impulso de los concejales del Frente Grande, que integran el actual gobierno.

Cassati dijo que cuando existen plazos taxativos, la demora en emitir resoluciones reglamentarias podría acarrear sanciones para el Ejecutivo.

En otro orden, dijo que el Tribunal trabaja en una reglamentación para su facultad de imponer multas, a fin de asegurar su pago por parte de los funcionarios, que por lo general las eluden y las apelan ante la Justicia ordinaria.


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