El Defensor pidió informes para evaluar riesgos de la megaminería

VIEDMA (AV).- La Defensoría del Pueblo resolvió ocuparse de los riesgos ambientales por la derogación de la ley anti-cianuro. Su respuesta -originada por una queja planteada por la legisladora Magdalena Odarda- se circunscribe al pedido de innumerables opiniones y datos. En principio, el defensor Gustavo Casas requirió múltiples informes para evaluar la situación, lo cual, derivó que Odarda considere al hecho como una “estrategia dilatoria”. Lo interpretó así por la “gran cantidad de pedidos de informes que ordena, sin indicar plazo alguno para dictar una resolución”. La legisladora agregó que “seguramente cuando las respuestas lleguen ya la megamineria será una realidad irreversible en Río Negro”. Explicó esa actitud en que los “órganos de control están en manos de allegados al gobierno de turno, es decir, no hay garantía de independencia frente al gobierno que promueve la megamineria contaminante” en territorio rionegrino. En su presentación a la Defensoría, Odarda pedía que el organismo se ocupara de la situación a partir de la derogación de la ley 3981, que prohibe la utilización de cianuro y mercurio en la extracción y explotación de minerales metalíferos. Advirtió que “resultaría claramente inconstitucional, siendo regresiva en materia ambiental y desconociendo los derechos de los pueblos indígenas”. La legisladora recordó la posición anticianuro de ordenanzas en El Bolsón, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Maquinchao y Bariloche. En su análisis, la Defensoría precisó que el organismo “no es órgano competente para disponer la aplicación o no de una norma, que pueda ser violatoria del orden constitucional, pues ello es facultad y resorte exclusivo del Poder Judicial”. Recordó que la nueva ley dispone “la creación de un Consejo Ambiental con funciones, competencias y procedimientos que necesariamente deben ser reglamentados por el Poder Ejecutivo. La falta de reglamentación -precisó- inhibe temporalmente a la Defensoría para pronunciarse. Aún así, Casas adelantó que se ocupará porque se trata de una “cuestión ambiental de alto impacto social y actualidad en el debate provincial y nacional”. Antes de su opinión final, el Defensor solicitó informes a las secretarías de Ambiente y de Minería de la Nación. También pidió datos del “éxodo poblacional” de las localidades de la Línea Sur en los últimos cinco años, solicitándolos a la dirección provincial de Estadísticas y Censos, y a los municipios de esa región rionegrina. Además, la recopilación comprende “consultas a profesionales en derecho constitucional, ambiental y de minería”, como también, un requerimiento de colaboración a los pobladores de la Región Sur.