El intendente de Huincul suma tiempo extra al cambiar abogados

La audiencia de control de acusación prevista para ayer, que debía definir la situación del intendente Juan Carlos Giannattasio, y sus secretarios Gustavo Suárez (Gobierno), Cristian Quilodrán (Hacienda) y Miguel Navarrete, fue reprogramada. La suspensión obedeció a que la defensa particular del jefe comunal renunció. Los funcionarios municipales están imputados por los presuntos delitos de “administración fraudulenta” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

La causa contra los cuatro imputados de Huincul parece seguir el camino de la dilación. El anuncio del defensor particular Eduardo Iturbide -junto al codefensor, Alejandro Pellat-, de dimitir a la defensa de Giannattasio, los secretarios Quilodrán y Navarrete, hizo que el juez Mario Tomassi, resolviera su reprogramación.

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El abogado particular adujo razones personales para su alejamiento. Antes, mencionó que asistieron a sus defendidos hasta ayer mismo a la mañana cuando presentaron otro recurso más.

En tanto, el magistrado después de escuchar a las partes, emplazó para que en cinco días designen un nuevo abogado o de lo contrario, continúen con la defensa pública. En el caso del secretario de Gobierno, Suárez, se presentó ayer con su nuevo defensor, el exdiputado provincial (UCR) Marcelo Inaudi.

En este nuevo escenario, la fiscal Marisa Czajka pidió que en ese mismo momento se conozca la nueva fecha de la audiencia, aunque el juez Tomassi le indicó que es un resorte de la Oficina Judicial.

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La causa penal que se sigue contra los funcionarios municipales de Huincul, por la presunta comisión de los delitos de “adminsitración fraudulenta” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, se inició en 2016. En esa oportunidad, una integrante del Tribunal de Cuentas, se presentó ante la Fiscalía para denunciar las presuntas irregularidades cometidas en la administración municipal de Giannatasio. Entre ellas, se denunciaba posibles sobreprecios y un mismo proveedor para varios rubros.

La Fiscalía consideró que existían elementos para seguir adelante y solicitó que sea considerada como “compleja” por lo que tiene un año para investigar. En noviembre pasado, los defensores particulares plantearon el sobreseimiento de los cuatro funcionarios, al considerar que se habían extinguido los plazos, pero el juez de Garantías, Raúl Aufranc, rechazó el planteo y todo siguió adelante.

“La podría haber realizado el primer día de febrero y lo hace hoy para postergar, una vez más, algo que espera desde diciembre”,

indicó la fiscal Marisa Czajka, tras la audiencia que debió posponerse.