En Neuquén, fiscales y defensores quieren cobrar igual que los jueces

José Gerez y Ricardo Cancela, jefes de los ministerios públicos, hicieron el pedido. Se calcula que la equiparación implicaría 18 millones de pesos adicionales por año al presupuesto del Poder Judicial. Hay 60 funcionarios involucrados.

El fiscal José Gerez y el defensor Ricardo Cancela mantienen diferencias en muchos temas, sin embargo hay uno que los une: el reclamo por la equiparación de los sueldos de los funcionarios con los de los magistrados.

Cada uno presentó su propio proyecto de ley a la Legislatura, en vísperas de que el gobernador Omar Gutiérrez envíe el presupuesto provincial 2018, cuyo plazo máximo de presentación es el 31 de octubre.

Las iniciativas plantean asignarle la categoría MF3 -que es la que tienen los jueces de Garantías- a los fiscales del caso y a los defensores públicos civiles y penales, que suman 60.

En las propuestas no se específica el impacto económico que tendrán. Hacen hincapié en que no será significativo, ya que los beneficiados perderían el plus salarial por permanencia en la categoría, lo que compensaría el aumento salarial.

Sería momentáneo porque la permanencia se percibe pasados los tres años en la función, por lo que los re-categorizados volverían a cobrarla en el corto plazo.

Un aspecto a definir es de dónde saldrán los aportes el incremento. El año pasado la Asociación de Magistrados y Funcionarios le pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que realice la equiparación y calculó un gasto anual de 18 millones de pesos.

El Ejecutivo ha financiado en los últimos años entre un 25 y un 30% del presupuesto judicial, lo que acrecentó su dependencia.

“La equiparación entre fiscales y jueces no sólo obedece a una cuestión de equidad, sino que se deriva de ese mayor protagonismo que le da el sistema acusatorio. En el orden provincial, los únicos fiscales que no están equiparados a la instancia en la cual desarrollan su tarea son los fiscales del caso. Los fiscales jefe están equiparados a los jueces de Impugnación y el fiscal general a los vocales del Tribunal Superior de Justicia”, manifestó Gerez.

Agregó: “un funcionario del ministerio público fiscal sólo puede acceder a una categoría MF3 concursando para juez de Garantías o de Ejecución, como si esa función fuera superior a la fiscal o implicara un ascenso. Esto resiente la carrera dentro del Ministerio Público Fiscal, pues la única posibilidad de ascenso se encuentra fuera del mismo”.

Cancela dijo que “son inadmisibles las diferencias de rangos -jerárquicos y salariales- de los ministerios con la judicatura ante la que actúan. Máxime en un sistema judicial con paradigmas nuevos y que, de una vez por todas, ha abandonado la estructura vertical que tenía en épocas superadas, la cual es inapropiada para los tiempos que corren”.

Destino de recursos

Un planteo histórico

en la escala jurídica

El pedido de igualar los sueldos viene siendo hecho desde hace varios años por la Asociación de Magistrados y Funcionarios.

El exdiputado Daniel Baum, aliado al oficialismo, presentó un proyecto en 2013, pero sólo beneficiaba a los fiscales. La iniciativa fue archivada.

Si la Legislatura vota el planteo se beneficiarán 23 fiscales del caso y 37 defensores públicos.

Datos

91%
de los gastos corrientes previstos en el presupuesto judicial en 2017, son del personal: $2.043.349.541.

Temas

Justicia

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