Telenoche investigó la venta de tierras del Cerro Chapelco

El candidato a diputado Ramón Rioseco confirmó que apeló ante la Corte Suprema de la Nación para que se declare inconstitucional la renegociación del contrato de concesión de Cerro Chapelco firmada en 2010.

El recurso extraordinario federal fue presentado el jueves pasado al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, luego de que la máxima instancia judicial de la provincia rechazara de plano el planteo de Rioseco. La totalidad de sus miembros lo consideraron “inadmisible”.

“Este tema afecta la economía de la comunidad local y, sin perjuicio de que la discusión pueda ser dura, profunda y difícil, tenemos que garantizar que el cerro funcione y eso es responsabilidad de todos”, manifestó en primera medida Rioseco cuando “Río Negro” lo consultó por el estado del trámite.

“La acción judicial sigue en curso”, afirmó luego el representante del FN. “Y además presentamos un amparo ante la justicia ordinaria para mantener el statu quo ambiental hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, agregó. Concluyó que “con voluntad política este tema puede resolverse rápidamente”, sin ofrecer mayores precisiones.

Los nuevos términos de la concesión del complejo de esquí Chapelco fueron decretados por el anterior gobierno provincial luego de extensas negociaciones, por las que el concesionario renunció a derechos sobre tierras ubicadas en el Lote 69-A que eran reclamadas a su vez por las comunidades mapuche asentadas al pie de la montaña.

A cambio de ello, la provincia transfirió a precio fiscal en 2014 un total de 90 hectáreas dentro de la Tercera Reserva, aledañas al complejo de esquí pero alejadas de los territorios reclamados por las comunidades originarias.

La maniobra permitió asimismo a las comunidades Vera y Curruhuinca avanzar en el proceso de escrituración del Lote 69 como propio.

El fiscal general José Gerez, pidió al Tribunal Superior de Justicia recomendó que declare “inadmisible” el pedido de inconstitucionalidad presentado por el parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco y el diputado de UNE Mariano Mansilla contra la renegociación del contrato de concesión de Cerro Chapelco decretada en 2010.

El jefe del Ministerio Público Fiscal explicó que el camino elegido por los actores para acceder a la corte “no es la vía procesal atinente”. “El planteo (de los demandantes) está focalizado en un decreto de alcance particular que se agota en sí mismo y como tal, no reviste el carácter general” necesario para que el pleno del Tribunal Superior lo trate directamente, salteando todas las instancias judiciales previas.

Aunque el dictamen no es vinculante, Gerez aseguró que “no hay jurisprudencia que diga lo contrario”. “La llave que ofrecieron los actores para abrir la puerta y tratar la cuestión de fondo no encaja en el ordenamiento jurídico”, graficó el fiscal general.

El punto es que los plazos para avanzar con la pretensión de los demandantes por la vía administrativa estarían vencidos. Se estipulaba hasta 5 años el período para atacar una decisión de gobierno de alcance particular y ya pasaron 7 desde que se instrumentó el decreto 505 de renegociación de la concesión. Esa norma de 2010 resolvió de manera salomónica una disputa sobre tierras en la base del cerro Chapelco. En el contrato de concesión original de la década del 70 se estipulaba la construcción de una “Aldea Integrada de Montaña” en territorios reclamados por la comunidad mapuche Vera. Al cumplimentar todas las obligaciones de inversión previstas, el concesionario cedió su derecho sobre esa porción de terreno y la comunidad mapuche pudo avanzar con la escrituración de sus dominios. A la vez, la provincia logró reubicar la “Aldea Integrada de Montaña” en un sector de la Tercera Reserva Fiscal.