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El Tribunal de Cuentas de la Provincia abrió un sumario al intendente Hugo Moenne por haber demandado a una empresa por el pago de tasas. La justicia lo condenó y le impuso costas.

“Fue por lana y volvió esquilado”, señala el dicho para referir un mal negocio. En el caso del intendente de Senillosa, Hugo Moenne, se quedó corto. Es que el jefe comunal buscaba cobrar por medio de un apremio dos millones de pesos a una empresa por impuestos impagos, pero la justicia terminó fallándole en contra, imponiéndole casi un millón de pesos en costas, y ahora enfrenta una investigación del Tribunal de Cuentas de la provincia.

“Nos llamó muchísimo la atención esta denuncia, que vino con nombre y apellido de la denunciante como se requiere, y en la sesión del cuerpo se ordenó la apertura de una investigación sumarial preliminar a través de un abogado sumariante”, explicó el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Hugo Acuña.

La denuncia en cuestión se presentó hace dos semanas y en apenas dos días se resolvió que un sumariante comience a requerir informes al Poder Judicial sobre la causa y documentación al municipio como son las ordenanzas impositivas.

Es que según indicó Acuña “nosotros esto recién lo íbamos a poder notar a mediados del año que viene, que es cuando deben presentarse las rendiciones del año en curso”.

La acusación es por un aparente perjuicio a las cuentas del municipio “por la actuación marcadamente negligente, que generó el rechazo de un cobro de tasas y el nacimiento en favor de abogados de la empresa demandada de un millonario crédito en concepto de honorarios”.

Los hechos parten de la emisión de un título de ejecución por vía de apremio por 2.200.000 pesos en contra de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería del Estado (ENSI) en mayo de 2012. La comuna reclamaba que la firma estatal no había pagado la tasa de derechos de inspección desde julio de 2010.

La causa se judicializó y en primera instancia el Juzgado de Juicios Ejecutivos 1 de Neuquén falló en diciembre de 2015 a favor de la empresa. El municipio apeló y la causa fue a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería en donde en octubre del año pasado confirmaron el fallo e impusieron a la municipalidad pagar los honorarios de los abogados de la ENSI por 958.578 pesos.

Según los fallos, la municipalidad incurrió en varios graves errores. Reclamó el pago desde 2010 cuando la empresa se inscribió en 2011 y lo hizo en base a una ordenanza no sólo de 2013, es decir posterior a los períodos reclamados, sino que además nunca habría sido publicada.

“Lo grave es que el municipio creó un título por una ordenanza que no es válida porque no fue publicada”, indicó Acuña.

La falta de publicación de una ordenanza sería uno de los errores que se les endilgan a los funcionarios municipales.

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El órgano de contralor se dedicará a verificar si las autoridades incurrieron en error al tramitar la cobranza a partir de un título inhábil.

“Todo juicio se puede perder, pero cuando hay yerros jurídicos groseros hay una responsabilidad del funcionario”, explicó el presidente del Tribunal de Cuentas, Hugo Acuña.

En el caso en estudio indicó que “de confirmarse la denuncia la sanción podría recaer no sólo en el intendente (Hugo Moenne) sino también en el secretario de Hacienda”.

Dijo que a diferencia de las demoras que se penalizan con una multa, aquí “por el tipo de acusación la sanción que podría caberles es pagar con su patrimonio las costas que se le impusieron a la municipalidad”.

Añadió: “en muchos casos lo que vemos en los municipios son presentaciones fuera de tiempo”.

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El órgano de contralor se dedicará a verificar si las autoridades incurrieron en error al tramitar la cobranza a partir de un título inhábil.

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