Las Grutas: plazo de 90 días para demoler cuatro casas

El Concejo Deliberante local le otorgó un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo para ordenar y efectuar la demolición de 4 casas ubicadas al sur de esta villa balnearia, que fueron construidas cuando todavía estaba vigente el litigio entre el municipio y la familia Tarruella por esa franja, y además incumplen con todas las normativas que a nivel nacional rigen en materia de resguardo de las zonas costeras.

El plazo comenzará a regir una vez que la norma sea promulgada, y se cumpliría en el mes de marzo.

La iniciativa, que corresponde a un proyecto del partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), fue acompañada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y por el presidente del cuerpo, Luís Esquivel, que pese a pertenecer al partido oficialista Frente Para la Victoria (FpV) posee una postura disidente. El resto de los ediles de esa fuerza optaron por abstenerse, y no emitieron voto.

Las 4 viviendas tendrían que haber sido demolidas por el municipio en 2012, bajo la intendencia del ex jefe comunal Javier Iud (FpV). Ese año el Superior Tribunal de Justicia emitió un fallo en respuesta a una acción que encabezaron las 4 personas que realizaron las construcciones.

El STJ dio lugar al planteo de la municipalidad, que ejerciendo su poder de policía y luego de reiteradas actas de infracción que buscaban frenar esas obras había decidido proceder a su derribo. Sin embargo, pese a que pasaron 5 años, una vez que se obtuvo el visto judicial no se procedió a cumplir con lo ordenado.

Actualmente la situación de la franja costera, en la que a través de los años se construyeron muchas obras, es distinta. Años atrás el municipio acordó extrajudicialmente con la familia Tarruella, que se quedó con un porcentaje de las tierras en disputa. Sin embargo ese acuerdo prevé que todas las edificaciones que no cumplan con la ley nacional de costas no serán autorizadas y deberán eliminarse. Por lo tanto estas 4 casas, de una u otra manera, deberían ser derribadas.

“Evidentemente nunca hubo voluntad política para cumplir con esto. Demoler esas casas en el momento en el que la Justicia lo ordenó hubiera tenido una significado político muy fuerte, hubiera desalentado las construcciones irregulares y la municipalidad hubiera dejado en claro que salía en defensa de su patrimonio”, expresó Esquivel, el titular del CD. Agregó que “ahora hay un acuerdo extrajudicial de por medio, pero igual hay que llevar la demolición adelante, porque esas viviendas incumplen con todo lo que prevé la ley de costas. No hay un impedimento económico, debido a que los costos que insuma deberán afrontarlos los particulares”, finalizó el dirigente.

Las viviendas tendrían que haber sido demolidas por el municipio en 2012, bajo la intendencia de Javier Iud. El STJ emitió un fallo, pero no se cumplió con lo ordenado.