Las obras judiciales quedaron fuera del financiamiento con bonos

La nómina del plan Castello
–que se financiará con la emisión de bonos en dólares– tendrá la baja de las obras para la Justicia y otros proyectos, como los aeródromos. Esas construcciones excluidas representan unos 110 millones de dólares. El oficialismo, con las observaciones de los intendentes, reformula su original lista del denominado Plan Castello, cuyo financiamiento se prevé con la colocación de bonos en dólares.

El programa fue presentado en enero por el gobernador Alberto Weretilneck. Su listado requería unos 800 millones pero, desde el inicio, el mandatario adelantó una emisión inferior.

En la ronda de reuniones con los intendentes, el gobierno recogió válidas inquietudes. La primera ofensiva se concentró en los edificios para la Justicia. Esas inversiones nada responden a un plan de infraestructura de desarrollo provincial, machacaron los jefes comunales.

El ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo –acompañado por sus pares, Isaías Kremer de Economía y Carlos Valeri de Obras Públicas– recogió esa rectificación municipal para un análisis final con el gobernador. En principio, las partidas de la Justicia están excluidas. Figuran las ejecuciones de tres “ciudades”: la de Bariloche (u$s 43.530.250), la segunda etapa de Cipolletti (u$s 18.950.000) y la de Villa Regina (u$s 6.422.000). La lista comprendía, además, a los “complejos” de Choele Choel (u$s 5.468.750), de San Antonio Oeste (u$s 4.520.000) y el del Fuero Penal de Viedma (u$s 9.406.250). Ese financiamiento –con otros menores previstos– superaban los 90 millones. Existió unanimidad en el apartamiento, a pesar que el gobierno emitió señales al STJ que buscará en el futuro que esos diseños se ejecuten con otros recursos.

En cambio, la eliminación de los aeródromos expone diferencias. Son cinco municipios involucrados y algunos defendieron esas obras. La inversión –de más de 17 millones– alcanza a las estaciones aéreas de El Bolsón (u$s 2.198.209), Jacobacci (u$s 2.874.899), San Antonio Oeste (u$s 3.093.106), Choele Choel (u$s 3.776.130) y Sierra Grande (u$s 5.320.898). El gobierno serrano reclamó que esos fondos fueran para cloacas de Playas Doradas.

Los representantes municipales insistieron en focalizarse y acrecentar inversiones en planes de saneamiento, más allá que la provincia confía en el cumplimiento de construcciones por parte de Nación. La revisión impuesta por los intendentes también puso en revisión la asignación de la “digitalización de Canal 10”, con 3,5 millones de dólares.

Por ahora, el gobierno acordó que los jefes comunales acercarán sus obras locales, las cuales, serán evaluadas en razón si puede incluirse en la lista de prioridades, si hay financiamiento y si se carga a un crédito del municipio.

Queda resolver qué porcentual se asigna directamente a los municipios. El reparto interno está –relativamente– acordado: una mitad en partes iguales para la totalidad de los municipios y la otra se distribuirá según el régimen de coparticipación.

El esquema original de la provincia estableció para los municipios algo más de 45 millones –que era un poco más del 5% de los 800 millones totales– y que se dividían en equipamiento vial, y las obras comunales. La participación será superior al 5% aunque no llegará al 50% requerido por el FpV.

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