Los defensores oficiales hacen malabares en Bariloche

El 1 de febrero pasado se hizo una audiencia de formulación de cargos contra dos personas imputadas por el delito de estafas. Uno de los acusados, Juan Kopprio, se presentó a la audiencia acompañado de su defensor particular. También, el otro imputado, Juan Azócar, compareció, pero no se le pudo formular cargos porque no tenía quien lo defienda. El único defensor oficial que había esa jornada estaba en otra audiencia.

El Ministerio Público tiene dos estructuras: de un lado están los fiscales y del otro, los defensores. Pero la balanza está desequilibrada en Bariloche. La puesta en vigencia del nuevo sistema procesal penal, el 1 de agosto pasado, otorgó a los fiscales un protagonismo excluyente en la nueva política criminal.

Se reforzó la estructura de personal y económica para asistir a los fiscales, mientras que los defensores son la hermana pobre del nuevo modelo procesal.

En Bariloche hay dos fiscales jefes: Martín Lozada y Eduardo Fernández. También, ocho fiscales: Alejandra Bartolomé, Silvia Paolini, Betiana Cendón, Sergio Pichetto, Martín Govetto, Inti Isla, Guillermo Lista y el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien.

En las próximas semanas se sumará otro fiscal porque el Consejo de la Magistratura designó en diciembre pasado a Tomás Soto. El equipo se completa con dos fiscales adjuntos en Bariloche y un tercero en El Bolsón.

Del otro lado, los defensores oficiales Marcelo Álvarez Melinger, Marcos Cicciarelo y Juan Pablo Laurence, deben atender cientos de causas de Bariloche, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi. Laurence además está a cargo de la defensoría de ejecución penal.

Como Laurence está de licencia, hay sólo dos defensores oficiales para representar a una numerosa cantidad de imputados, que no tienen recursos para contratar un abogado.

Fuentes judiciales señalaron que desde que se reanudó la actividad judicial, los dos defensores tienen que repartirse entre numerosas audiencias de formulación de cargos, de control de acusación, de impugnación además de los juicios. Casi no hay tiempo para preparar los casos. Las fuentes señalaron que los defensores deben además visitar presos, pero en estas condiciones es muy complicado.

Describieron que la situación es muy compleja. Advirtieron que de esa forma “no se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa”.

La sensación de algunos operadores del servicio de justicia es que sólo interesa que la Oficina Judicial fije audiencias todos los días para las estadísticas.

Saturados