“No hay que identificar la reforma penal con una mejora en seguridad”

Reconoció que “hay mucha incertidumbre” interna sobre las nuevas funciones y roles. Ante ello, aseguró que no se modificarán las condiciones laborales.

La Reforma Procesal –que se aplicará en Río Negro en 40 días– promete “un sistema judicial más ágil” pero no hay que “identificarlo con una mejora en la seguridad”. El análisis pertenece al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián.

“El cambio procesal era necesario”, reafirma el juez, mientras incluye otro enfoque realista, que poco se exhibe. La reforma es “rápida” porque tiene “eje en las salidas alternativas”, como los “acuerdos en las penas”, y “no parece que la gente espere eso” sino que se percibe que pide “más dureza y condenas más severas”.

La implementación está en la cuenta regresiva. Apcarián reafirma que “no hay opción” y la puesta en marcha será el 1 de agosto. Anuncia que el “30 de junio estarán concluidos todos los edificios”, previendo “un plan B” para Bariloche, con adaptaciones provisorias, porque quedará la refacción donde está el Ministerio Público (exhotel Pilmayquén), que se finalizará “definitivamente en noviembre”. Resaltó lo hecho por el Poder “con su propia estructura”, realizando “ocho obras de adaptaciones simultáneas”. Precisó la incorporación de 3.000 metros cuadrados y reformas en unos 4.500 metros cuadrados. Entendió como “acierto haber avanzado en los directores de las oficinas judiciales” y “disponer de un desarrollo informático, una inversión a largo plazo, pues garantiza desarrollo con nuestro equipo”.

P: ¿Y el personal? ¿Pasarán finalmente empleados de los juzgados al Ministerio Público?

R: Se cumplieron entrevistas y se precisó quiénes están dispuestos a pasar y se cruzaron con el pedido de la Procuración, garantizando su transferencia cuando existieron coincidencias. El resto quedarán en las oficinas judiciales y, frente a otras experiencias, están justos.

P: El gremio insiste en la reforma del convenio colectivo antes de la aplicación.

R: Son dos órbitas distintas. No hay intenciones de cambiar las condiciones laborales y se negocian cambios, como el régimen de licencias. Existió una propuesta del STJ, pero el gremio hace devoluciones extremas. Todo está acordado en paritaria. No podemos cerrar los tribunales por la tarde, y esa atención corresponderá a funcionarios, jueces o empleados que acepten o se incorporen al Poder. No queremos ningún conflicto con el personal.

P: ¿Y en la Procuración se advierte la falta de cobertura de fiscales y defensores?

R: Su elección está en proceso. Ya se ha hablado con la procuradora y tendrá que resolver con subrogancias necesarias. Y además, habrá una acordada de transición para fijar pasos graduales. Su preocupación fue el pase de las causas con el personal y los espacios físicos. En principio, se retendrán los expedientes. Ya haremos reuniones incluyendo a Seguridad y Policía para exteriorizar inquietudes para la puesta en marcha.

P: ¿Pero cuál será el cambio para la gente?

R: No hay soluciones mágicas. La reforma prevé un proceso más ágil y rápido, pero la sociedad pide –según lo que uno percibe– más dureza y condenas más severas. Eso no viene por el lado de esta reforma. En Chubut, sólo el 2 % llega a sentencia. De 25.000 causas, 500 fueron a juicio y el 70% se acordaron en abreviado. El eje está en las salidas alternativas y no sé si eso es lo que la gente espera. Si está esperando un acuerdo en las penas, entonces es el producto.

P: Ese parece no ser el reclamo social.

R: Parece que no. Pero la seguridad no pasa por el sistema penal. Es otra cosa. No es justo que se traslade al sistema penal, que sólo es una herramienta para juzgar a la persona. El cambio era necesario, pero no puede identificarlo con una mejora de su situación de seguridad.

P: Igualmente, los fiscales tendrá ahora mayor protagonismo…

R: Siempre pudieron hacerlo, salvo que ahora tendrán más responsabilidad de la investigación ya que el juez desaparece como tutor.

P: ¿Cuál es la sensación interna frente al cambio?

R: Hay mucha incertidumbre frente a las nuevas funciones y roles. Hay preocupación por eso. Se dieron muchas capacitaciones. No será simple. Iremos optimizando sobre la marcha y nos hemos valido de experiencias ajenas.

“La seguridad no pasa por el sistema penal. Es otra cosa. No es justo que se traslade al sistema penal, que sólo es una herramienta para juzgar a la persona”.

“No hay intenciones de cambiar las condiciones laborales y se negocian cambios, como el régimen de licencias”.

Ricardo Apcarián

Hoy a las 11 se reunirán autoridades del STJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad y de la Policía, para coordinar la puesta en marcha de los cambios.

La necesidad de

agilizar la selección

Otros desafíos enumeró Apcarián, como debatir en el Consejo de la Magistratura reformas en el proceso de selección, porque “tiene mucha demora”, ya que existen “juntas evaluadoras con colaboradores ad honorem”.

Y tiene el “sueño de construir un patrimonio edilicio” para revertir este “esquema de alquilados, tan nefastos para el servicios y las arcas públicas”.

Cuenta modificaciones en el fuero de Familia, aludiendo a la implementación de “oficinas judiciales” –como las previstas para el Penal– aunque, inicialmente, serían una “mesa de entrada única” para optimizar recursos y así incluso sumar nuevos juzgados, “sin necesidad de armar toda la estructura, y más estandarizado. Se piensa en una prueba piloto en Bariloche y el proceso está coordinando la doctora (Liliana) Piccinini”.

Datos

“La seguridad no pasa por el sistema penal. Es otra cosa. No es justo que se traslade al sistema penal, que sólo es una herramienta para juzgar a la persona”.
“No hay intenciones de cambiar las condiciones laborales y se negocian cambios, como el régimen de licencias”.
Hoy a las 11 se reunirán autoridades del STJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad y de la Policía, para coordinar la puesta en marcha de los cambios.

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