Neuquén: se acaba el tiempo para Chihuido

“¿La construcción de la represa hidroeléctrica es una prioridad para el Ejecutivo o tendremos que acostumbrarnos a una postergación sin fecha ‘in eternum’ del proyecto?”. La pregunta la formuló la senadora del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, y la respuesta que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, sobre las negociaciones en torno al proyecto multipropósito Chihuido fue un sugerente silencio.

A dos días de que venza el plazo que el consorcio adjudicatario de la obra había prometido para presentar un nuevo esquema de financiamiento junto a la empresa china Yellow River Engineering Consulting, nadie se anima a aventurar si el final resultará o no feliz.

Crexell envió su pregunta al funcionario nacional en el contexto del informe de gestión presentado el miércoles en el Senado, pero no quedó conforme con la respuesta.

Por escrito, pidió a Peña que explique qué documentación firmaron ambas empresas durante la gira oficial en China, que informe cuál es el estado del proyecto y “qué rol jugará el Estado Nacional en la iniciativa”. También agregó en la consulta conocer cuál es la fecha tope fijada por el Ejecutivo para destrabar la construcción y si Chihuido es una obra prioritaria para el gobierno nacional.

La contestación del jefe de Gabinete se limitó a una línea de texto: “En tanto el documento firmado es un instrumento privado celebrado entre un miembro de una UTE oferente y una empresa consultora de ingeniería de capitales chinos, se desconoce formalmente el contenido del mismo”.

“Yo creo que las relaciones con China están sujetas a lo que ocurra con las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner de Santa Cruz. En tanto no se hagan las audiencias y se tome una decisión, posiblemente no se va a avanzar”, evaluó la senadora.

La audiencia pública en el Congreso quedó fijada para el 20 de julio, según la información que dejó trascender el gobierno nacional.

Para que Chihuido dé sus primeros pasos, es necesario que la UTE encabezada por el empresario Eduardo Eurnekian consiga un nuevo financiamiento, tras el fracaso de las gestiones con el banco ruso Vnesheconombank.

El 17 de mayo firmó un acuerdo comercial con Yellow River Engineering Consulting donde se estableció que, en el término de 45 días, se debía llegar a un acuerdo definitivo para comenzar la negociación del contrato y las condiciones financieras. En el gobierno provincial ayer estimaron que ese plazo vencerá el 2 de julio y, hasta entonces, evitaron opinar sobre la negociación en curso.

La última valuación que se hizo para la construcción de la represa arrojó que la obra demandará 2.231 millones de dólares. Es un proyecto que genera muchas expectativas en la zona centro de la provincia ya que, además de las inversiones, promete miles de puestos de empleo.

El financiamiento ruso se frenó tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri. La negociación por bajar la tasa de interés ofrecida por la banca de ese país, que inicialmente fue del 6,5%, terminó en un callejón sin salida cuando los técnicos de Nación reclamaron llevarla por debajo de los 5 puntos.

En números

La negociación con
la banca rusa para
bajar la tasa de
interés, que inicialmente fue del 6,5%, terminó en un callejón sin salida.

“Yo creo que las relaciones con China están sujetas a lo que ocurra con las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner”,

dijo la senadora del MPN Lucila Crexell tras su consulta a Marcos Peña.

Los contratos de participación público-privada para obras de infraestructura o prestación de servicios tienen ahora su versión local, tras la sanción de una ley provincial en la Legislatura. Los diputados dieron el visto bueno al proyecto del gobernador Omar Gutiérrez en la sesión del miércoles a la madrugada, pese a la oposición de varias bancadas a la iniciativa.

Fue aprobado en general con 20 votos a favor y 12 en contra, y pasará al tratamiento en particular en la sesión del 14 de junio.

“Esto se venía haciendo aplicando leyes existentes, pero acá se trata de generar una vía distinta, nueva. Es diseñar contratos desde el sector público donde se invite a participar a actores privados siempre a través de procesos transparentes, licitaciones públicas o concursos públicos, que buscan constituir una sociedad específica que preste algún servicio público o genere infraestructura pública”, explicó Mario Pilatti (MPN), miembro informante del proyecto.

La ley contiene alrededor de 30 artículos porque se decidió no adherir a la norma nacional sancionada este año en el Congreso, sino hacer una versión local.

Pilatti argumentó que será una herramienta que sirva para desarrollar la infraestructura que demanda la explotación de Vaca Muerta y “meter algo de lógica de empresa en algunas áreas de interés para el sector público”.

“Un ejemplo que se está intentando hacer, sin tener un marco legal específico, es Chihuido, donde un consorcio de empresas lo construye y lo financia en un plazo de cinco años, tiene 30 para operar la represa y recuperar la inversión a través de la venta de energía. Pasado el plazo, le transfiere la obra sin cargos a la provincia”, agregó.

Por la oposición se manifestaron los bloques del Frente para la Victoria, el FIT y Libres del Sur. “Se trata del ingreso regio para los negocios privados, donde el Estado siempre es el que pone las espaldas, los recursos y termina pagando por los buenos o malos negocios que hagan un puñado de capitalistas”, planteó Raúl Godoy (PTS-FIT).

Su par Raúl Podestá (FG-NE) calificó la ley como una nueva forma de flexibilización laboral “para evitar que las empresas paguen los daños y sólo obtengan los privilegios de estas políticas”. “Ya hemos tenido experiencias similares, con otros nombres. Este gobierno es la muestra más acabada de la patria contratista”, manifestó.

La ley es uno de los 21 proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en la apertura de sesiones.

“El Estado siempre es el que pone los recursos y termina pagando los buenos o malos negocios que hagan un puñado de capitalistas”,

cuestionó el diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) al oponerse a la iniciativa.