Sobreseyeron a todos los imputados de la causa Temux

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) integrado por conjueces sobreseyó a los imputados en la causa Temux por vencimientos de los plazos procesales.

De esta manera se confirmó la resolución de la jueza de Zapala, Carolina González, en la causa que investigaba la estafa al BPN en 22.000.000 de pesos/dólares. Lo ocurrido fue una maniobra que incluyó desde autorizaciones irregulares para pagar cheques sin respaldo a acreditaciones de fondos inexistentes y excepciones de cobro de intereses y comisiones.

El tribunal fue integrado por los abogados Belén De los Santos y Adolfo Manson, y el juez Andrés Luchino.

Los acusados en la causa fueron encontrados culpables, pero la jueza Carolina González los sobreseyó. Esta resolución fue apelada por los querellantes ante un Tribunal de Impugnación, que revocó la definición de la jueza. Sin embargo, los defensores cuestionaron este veredicto ante el TSJ, que sobreseyó a los imputados convalidando a González.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que quede sin efecto la sentencia de los conjueces del TSJ.

Neuquén

NEUQUÉN (AN).- La mitad de los dieciocho imputados que llegaron al banquillo de los acusados fueron declarados culpables de la estafa al BPN en casi 30.000.000 de pesos, en una maniobra que consistió en diversas transacciones financieras giradas en torno a las cuatro empresas del grupo Temux.

Cinco son bancarios, entre el expresidente de la entidad Félix Racco y el exdirector Juan Pablo Bugner, sobre quienes pesaban los mayores cargos, y cuatro directivos de las firmas, todos de Buenos Aires.

La nota sorpresiva la constituyó la absolución de Jorge Alberto Terrado, el dueño de las empresas, a quien se le atribuía ser al fin la cabeza que dominó la maniobra y fue imputado de manera contundente por otro de los empresarios, José Medina.

En su caso lo incriminaban, según los acusadores, los correos electrónicos en los que aparecía acordando operaciones de cheques tramitadas en forma irregular.

Sólo Bugner, acompañado de sus defensores Carla Castiglioni y Luis María Fernández, presenció la lectura del veredicto que hicieron los jueces Alejandro Cabral, Ana Malvido y Carina Álvarez.

Se mostró visiblemente apesadumbrado, aunque sereno y ante el interés de los periodistas por entrevistarlo sus representantes informaron que no haría declaraciones.

Patricia Espeche defensora de Racco y Luis María Fernández defensor de Bugner se manifestaron en abierta disconformidad con el veredicto.

El primero arremetió una vez más contra los jueces y ambos ratificaron que apelarán la sentencia. (Ver recuadro)

El tribunal abrió la audiencia de pocos minutos describiendo el rechazo a los numerosos recursos presentados por los defensores y justificando cada resolución. Aun cuando será con la sentencia donde profundizarán los argumentos de las declaraciones de culpabilidad, anoche enumeraron cada uno de los hechos por los que responsabilizaron a los enjuiciados.

De los hechos investigados, en cuanto a las operaciones viciadas de irregularidad, los principales fueron el alquiler de Lebacs, el fideicomiso, operaciones de comercio exterior y el pago de cheques en descubierto.

En la mayoría los jueces culparon por mayoría, pronunciándose en ese sentido las juezas Malvido y Álvarez.

Por la maniobra de fraude denunciada en marzo de 2005 fueron además hallados responsables los bancarios Carlos Herrera, quien era gerente de la sucursal Buenos Aires, Alberto Fernando Cáceres que estuvo en la mesa de dinero y Norberto Oscar Corrado, quien se desempeñaba en el área de comercio exterior.

Los empresarios declarados responsables son quien era presidente de Temux, Carlos Gustavo Troiani, Daniel Calabria quien era el encargado directo de las operaciones con el BPN y Emilio Brocca, directivo de Santa Elena Bursátil.

De la audiencia participaron la mayoría de los abogados defensores, los fiscales y un querellante.

“Estamos conformes, el veredicto responde a las expectativas que teníamos”, dijeron los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Jara.

Respecto de las penas que pedirán -el delito contempla de dos a seis años de prisión-, dijeron que esperarán a conocer los fundamentos para avanzar en este punto.