¿Quién manda en los surtidores? Estaciones plantan bandera en el sur

Cada vez más autos en las calles, pero cada vez menos estaciones de servicios.

Esa contradicción emerge del escenario energético argentino, que en los últimos 15 años vio desaparecer el 30% de las expendedoras de combustibles.

Entre los 4.400 emprendimientos que quedan en pie existe preocupación y las acciones a implementar en el futuro serán eje central de la reunión que este viernes tendrá en Bariloche la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburo y Afines de la República Argentina (Cecha).

El encuentro será en el hotel Alma del Lago y el proyecto de ley para regular la comercialización de combustibles en todo el país aparece como tema central en la agenda de los referentes del sector.

La necesidad de establecer parámetros en el mercado se debate desde hace años, pero en las últimas semanas tomó impulso nuevamente, a partir de un proyecto firmado por cinco diputados nacionales bonaerenses del massismo y por la rionegrina María Emilia Soria (FpV).

La meta principal de esa iniciativa es limitar el avance de las petroleras, fijando topes a la inserción en el mercado minorista y buscando garantizar al mismo tiempo el abastecimiento a todas las bocas de expendio.

“Esta tendencia a la concentración en este mercado en donde por lógica las petroleras priorizan el abastecimiento de su propia red, no hace más que generar una competencia dispar y cierto abuso de una posición de dominio en el negocio a la hora de imponer, en aquellas estaciones no propias pero de bandera de la petrolera, las condiciones de comercialización y entrega del producto”, sostienen los diputados en el proyecto.

La expectativa de los integrantes de la Cecha es lograr la aprobación en la cámara baja del Congreso a principios del año próximo, para el pase posterior al Senado y su sanción definitiva a mediados del 2017.

El proyecto destaca entre sus fundamentos la necesidad de “evitar la manipulación de bienes y sus precios, expandir la venta de combustibles para que su comercialización pueda volver a realizarse en todos los pueblos y ciudades del país llegando así a todos los clientes y fuentes de consumo”.

También se propone “concertar y coordinar modelos contractuales de los proveedores con sus demandantes que no surjan de una situación de dominio de unos sobre otros, facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado de comercialización de combustibles sin que resulte su entrada obstaculizada por el proveedor, o una vez adentro, excluido por éste último y generar iguales condiciones para todos los actores del mercado para el desarrollo tecnológico, la investigación y la educación y perfeccionamiento de los empleados del sector”.

Por eso, el artículo 3 de la iniciativa indica que “la venta de combustible de uso automotor a consumidor directo solo podrá ser realizada por Comercializadores Mayoristas o Minoristas habilitados por el Ministerio de Energía de la Nación o el ente que lo sustituya a futuro” y que “las empresas petroleras, distribuidoras mayoristas o importadoras de combustibles para uso automotor que operen como proveedoras de Comercializadores Mayoristas o Minoristas solo deben realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta un 15% de sus ventas totales en el mercado interno”

Otro límite para las empresas petroleras estaría dado por la prohibición de fijar precios de venta, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización.

De aprobarse la norma, existiría un plazo de readecuación del mercado de dos años, para que las empresas petroleras que realizan ventas a consumidores directos se adecuen al porcentaje fijado, pudiéndose flexibilizar el mismo si existieran razones justificadas y por un plazo de tiempo limitado.

El 30% menos