Rechazan millonaria demanda de Turbine Power

Pedía más de $ 84.000.000 de resarcimiento.

03 jun 2012 - 00:00
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CIPOLLETTI (AC).- La Justicia rionegrina rechazó una multimillonaria demanda de la empresa Turbine Power, que hasta el año pasado era la dueña de la central térmica Roca, contra el Estado provincial por la serie de decisiones técnicas, políticas y judiciales que le quitaron la tarifa preferencial que le concedió el gobierno de Pablo Verani.

La cámara civil de Cipolletti que resolvió el asunto, condenó a la compañía a pagar más de 10.000.000 de pesos de honorarios a abogados y peritos.

La demanda contra el Estado era por 84.965.906 pesos.

Es un resarcimiento por lo que los accionistas de Turbine Power consideran como un daño provocado por decisiones y omisiones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la Justicia y el Poder Ejecutivo rionegrino.

La central, que está fuera de servicio desde 2009 por la avería de su turbina, fue vendida el año pasado al Grupo Albanesi, que invirtió en la recuperación y ampliación de la usina.

Desde 1996 y hasta 2002, Turbine Power tuvo un precio para la energía que le vendía a Edersa muy superior al del mercado.

La distribuidora trasladaba ese sobrecosto a la factura que pagaban los rionegrinos.

Una cámara civil de Roca, otra de Cipolletti y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia intervinieron en la disputa judicial, que tuvo gran cantidad de pasos procesales.

La empresa “entiende que los usuarios se ven beneficiados por una rebaja arbitraria de la tarifa que abonan por el suministro de energía eléctrica; que el distribuidor no vio afectado su valor agregado de distribución, dado que pagó a la actora el mismo precio que le cobrara al usuario por dicha energía, y que el Estado provincial no ve afectado sus ingresos por cobro de impuestos, dado que los mismos son porcentuales del precio total facturado al usuario, mientras que Turbine Power debió y debe asumir pérdidas dinerarias para cumplir con las obligaciones de entrega de energía establecidas bajo nuevo contrato de abastecimiento”, resume el fallo emitido el viernes por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti.

La camarista Aída Dithurbide fue la que justificó el voto al que adhirieron Raúl Santos y César Gutiérrez.

Escribió que lo que Turbine Power pretende es un resarcimiento “basado en este aparente razonamiento: según el contrato que la ligaba a la distribuidora se debía abonar un precio por la energía que entregaba a la misma, precio que no reconocía como límite el del mercado eléctrico mayorista (…); diversos tribunales provinciales hicieron lugar a una medida cautelar imponiendo ese límite; ello le causó un perjuicio por recibir menores ingresos; las decisiones de las Cámaras fueron revocadas por el Superior Tribunal de Justicia, que se demoró en dictar tales decisiones; los otros órganos del Estado nada hicieron frente a esta situación (...); ello configura una causal de responsabilidad del Estado, por tratarse de una suerte de ‘expropiación de bienes por causa de utilidad pública o bien común”.

La cámara rechazó por unanimidad la demanda y decidió regular los honorarios de abogados y peritos de acuerdo con el monto de la demanda.

Así, a los abogados de la empresa, Felipe Anzoátegui y Luis Courtaux, les corresponde 2.485.460 pesos a cada uno; a Enrique José Mansilla, como apoderado de Turbine, 994.184; a los abogados del Estado Cosme Andrés Nacci, Francisco Fabio Nacci y Joaquín Pandolfi, 2.319.762 a cada uno; a Alberto Carosio y Liliana Stafforini, apoderados del Estado, un total de 2.087.786; y al perito Roque Ramón Martínez, 1.600.000 pesos.