Río Negro empezará a indemnizar a los cesanteados por la dictadura

Una primera tanda de despedidos durante el gobierno militar cobrará su reparación económica en el 2018. El monto a percibir es equivalente a unos 250 mil pesos cada uno.

Unos 70 ex estatales rionegrinos completaron los requisitos exigidos por la ley de Reparación N° 5.042, según el registro elaborado en la Secretaría de Derechos Humanos.

Los resarcimientos fueron fijados en un equivalente de 30 salarios mínimos, garantizándose unos 250.000 pesos, en forma individual para este año.

En Economía se prevé cancelarlos con bonos -aún no disponibles- y ese Ministerio estimó el impacto de esos pagos en 700 millones de pesos. Así lo informó en la Legislatura y su propio bloque, que conduce Alejandro Palmieri, reivindicó ese esfuerzo en el debate presupuestario. En cambio, Derechos Humanos -que depende de Educación- proyectó un desembolso total de unos 70 millones.

Se trata de una importante y llamativa diferencia de estimación.

Frente a semejante disparidad, “Río Negro” revisó la estimación con Economía y ese ministerio ratificó su previsión inicial y, además, adelantó que todavía faltan ciertas reglamentaciones a la legislación para su efectiva implementación.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez, explicó que hasta la actualidad se recibieron un total de 236 consultas de potenciales perjudicados por los despidos aunque las planillas confeccionadas con requerimiento del beneficio alcanzan a 120. Y concluyó que 70 peticiones ya están listas para el cobro del resarcimiento.

Las 50 que faltan, quienes se presentaron, deben completar documentación que les falta, legalización de originales o bien se deben rastrear decretos que los involucre, y puedan ser comprendidos dentro de la norma.

La funcionaria indicó que el organismo a su cargo es receptor de las presentaciones, y luego se requiere de un dictamen de una comisión integrada por un cuerpo colegiado con miembros de las secretarías de la Función Pública, de Legal y Técnica y de Derechos Humanos.

Una vez emitido el dictamen, seguirá cada expediente a la Fiscalía de Estado para su verificación, y posteriormente al Ministerio de Economía para que formule la previsión presupuestaria a fin de cancelar el compromiso.

Méndez dijo no tener fechas precisas de pago por lo tanto “no queremos generar expectativas, y sería aventurado establecer un día” entre quienes deben recibir la indemnización. Aclaró que la norma no estipula la forma de pago aún cuando en otras jurisdicciones provinciales se abona en cuotas. En Economía afirman que la cancelación se cumplirá con bonos, pero sin precisar sus características.

La norma reconoce el derecho a un resarcimiento económico a los agentes de la administración pública provincial prescindibles, cesanteados, exonerados o forzados a renunciar, durante el período entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Comprende a agentes municipales, de empresas públicas, asociaciones y organismos intervenidos durante la última dictadura militar.

En su aplicación ya cobran notoriedad ciertas dilaciones en virtud de que el articulado aprobado por la Legislatura es de mayo de 2015, y recién fue reglamentada el 14 de julio del año pasado. Además, su cancelación anticipa reclamos porque el texto establece que la indemnización se debe abonar “en un plazo que no podrá exceder los 60 días contados a partir de la incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica”.

El IPPV encabeza la lista de despedidos

El padrón que tiene en plena confección Derechos Humanos lleva contabilizados a ex empleados del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Son los de mayor cuantía en virtud de que durante la década del ‘70 eran peones que construyeron los primeros planes de unidades habitacionales en lugar de empresas contratistas que luego suplantaron a éstos. En segundo lugar siguen despedidos de la Legislatura rionegrina y Salud Pública.

Para elaborar el registro, Derechos Humanos atiende en esta capital, Bariloche, General Roca y Buenos Aires.

Incluso, ha recibido requerimiento de ex empleados rionegrinos que viven en el exterior y están realizando los trámites por intermedio de un apoderado.

En caso de fallecimiento del beneficiario directo, que supone conforman un número importante, sus herederos legales tienen derecho a solicitar el beneficio reconocido por esta ley, indica la Ley.

El dato

El articulado que establece el pago de indemnizaciones a despedidos, es de mayo de 2015, pero reglamentado en julio del año pasado.