Ruta 22: investigan si fue legal cambiar la autovía por una autopista

Vialidad Nacional enfrenta un nuevo problema ante la Justicia por las obras de ampliación de la Ruta 22.

Una pregunta que quedó flotando en la audiencia pública del 31 de agosto ahora se convirtió en un interrogante oficial: ¿cómo hicieron para dejar de lado el proyecto original -licitado en el 2011- de autovía para empezar a ejecutar una autopista desde General Godoy hacia Cipolletti?

El inicio de la investigación fue notificado la semana pasada al titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. El miércoles 20 llegó a las oficinas del organismo un oficio, con detalles de la causa 8974/2017, caratulada “N.N. S/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

En ese escrito, el secretario penal del Juzgado Federal de Roca, Ernesto Sebastián, le hizo saber a Iguacel que por orden del juez Hugo Greca debía remitir en el plazo de diez días hábiles toda la información relacionada con las obras planificadas inicialmente y las efectivamente desarrolladas en el Alto Valle.

En concreto, antes del 4 de octubre el organismo nacional deberá remitir a Roca copias certificadas “de todo documento, resolución y/o expediente administrativo, de los cuales surja la aprobación del cambio de proyecto llevado a cabo sobre la Ruta Nacional 22, tramo Chichinales – Cipolletti, de “autovía” a “autopista””.

El requerimiento también incluyó “los informes de impacto ambiental realizados y un organigrama de su organismo con indicación de autoridades a las fechas de la documentación requeridas”.

Todavía sin imputados

“Río Negro” consultó ayer a fuentes de Vialidad Nacional sobre esta causa y se informó que se trata de una denuncia presentada hace varias semanas -incluso antes de la audiencia pública- pero que recién en los últimos días registró acciones concretas de parte de la Justicia. El expediente está caratulado como “N.N.” porque todavía no tiene personas imputadas.

Cuando se preguntó quién había impulsado la causa, los voceros del organismo dijeron que creeían que había sido el municipio de Roca, pero que no contaban con elementos concretos para confirmarlo.

“Río Negro” consultó ayer a autoridades municipales sobre el expediente abierto en el Juzgado Federal, pero no se hicieron comentarios oficiales al respecto.

Lo que debe recordarse en este contexto es que la inexistencia -o al menos la ausencia de información pública- de una autorización formal o de un estudio de impacto ambiental que habilitara el cambio de autovía a autopista fue advertida por el intendente, Martín Soria, en la audiencia pública del 31 de agosto.

Otros voceros del gobierno nacional indicaron que la llegada del oficio con el pedido de documentación no cayó para nada bien entre las autoridades de Vialidad, en momentos en los que se espera la Resolución Ambiental de parte del gobierno rionegrino, que definirá si el proyecto de autopista puede avanzar tal como fue pensado por Nación.

Desde el Juzgado Federal de Roca dieron un plazo de diez días hábiles desde el 20 de septiembre para que Vialidad remita la documentación.