Tiempo de definiciones para la toma de tierras en Allen

En las próximas horas se presentará un recurso de impugnación a la medida que dejó sin efecto el desalojo. En el lugar estaba planificado un colegio secundario.

12 oct 2017 - 00:00
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El Ministerio Público Fiscal presentará en las próximas horas un recurso de impugnación a una medida judicial que dejó sin efecto el desalojo de tierras usurpadas, procedimiento que se inició la semana pasada en el barrio Costa Oeste de Allen pero que quedó inconcluso.

Para el fiscal Ricardo Romero, la decisión tomada sólo marca el criterio de un juez y confía en que el pedido de impugnación tenga un resultado positivo para la causa que tiene a su cargo.

En Allen la decisión del juez Fernando Sánchez Freytes, quien luego de una audiencia de partes decidió revocar un desalojo de tierras municipales que fueron tomadas en agosto pasado, generó posiciones encontradas. Los ocupantes (unas 90 familias) celebraron la medida del magistrado y anunciaron que no se moverán del lugar, pero vecinos que no forman parte de la toma se expresaron en los medios de comunicación para repudiar la definición del juez y manifestar la preocupación por el precedente que dejó.

Para revocar la medida judicial del desalojo compulso, Sánchez Freytes fundó su determinación apelando a los Derechos Humanos y, entre otros aspectos, priorizó la protección de los niños de la toma.

También marcó una serie de consideraciones técnicas contempladas en el nuevo Código Procesal que, según entendió, no se cumplieron durante el desarrollo del desalojo.

Ahora el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Ricardo Romero, planteará ante el Tribunal de Impugnación Provincial, la disconformidad con la medida que tomó el juez.

“Se partió de premisas que no se verificaron en el hecho. Ahí (por el terreno tomado) no había ningún chico viviendo. Ninguna de las construcciones precarias que habían hecho reunían condiciones de habitabilidad. Además, se había probado que la municipalidad tenía la tenencia de esas tierras”, indicó el fiscal Romero, quien entiende en la causa judicial que se inició luego de que el municipio – que se constituyó como querellante– denunciara la ocupación de la parcela ubicada en el ingreso a Costa Oeste, la cual estaba reservada para construir un colegio secundario y para promover la radicación de un Parque Agroindustrial.

Sobre la resolución de Sánchez Freytes, el fiscal Romero agregó que a “la Constitución hay que interpretarla de forma global. Porque si bien los tratados internacionales y la misma Constitución hablan del derecho a la vivienda digna y todo de demás, también es cierto que hay un artículo que dice que la propiedad es inviolable y otro dice que los derechos que la Constitución reconoce se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. La Constitución Provincial también reconoce la propiedad, pero siempre conforme a lo que la ley determine”, agregó.

En la comuna existe temor de que la medida que tomó el juez desencadene un efecto dominó y más familias de animen a tomar terrenos privados y del Estado. En los últimos días algunos propietarios empezaron a cercar sus parcelas para evitar usurpaciones.

Mientras tanto, en el lugar de la toma quedó la tensión y el temor al desalojo.

La presencia de niños en el lugar fue una de las razones esgrimidas por el juez. El fiscal sostiene que no había ninguno viviendo en las precarias casillas.
El dato
80
familias son las que impulsaron la ocupación de tierras en Allen, que luego empezaron a desalojar.
Allen

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