Un compromiso con Chile de “cooperación” judicial

07 dic 2017 - 00:00
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El fiscal general de Neuquén, José Gerez y su par de la región chilena de La Araucanía, Cristian Paredes, acordaron “cooperar” en la investigación de hechos de violencia ocurridos a ambos lados de la frontera, vinculados con reclamos de comunidades indígenas informó la agencia oficial Télam.

Gerez se reunió con su par de La Araucanía chilena para compartir información respecto al RAM. “Fue una reunión positiva en la cual se habló de un contexto general que la Argentina no estaba viviendo, que es la experimentación de violencia de grupos radicalizados que se vinculan con el anarquismo indigenista”, dijo Gerez.

Reiteró que en los ataques ocurridos en Neuquén se utilizaron bombas molotov que al ser peritadas revelaron pistas de una posible conexión entre movimientos mapuches de ambos países.

La revelación de este diario sobre dispendio, dilaciones y desvío de fondos destinados al relevamiento territorial indígena, originó la apertura de una investigación administrativa en Río Negro, que se suma la denuncia que presentó un abogado en la Justicia Federal.

Se conoció hoy que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas abrió una causa para determinar “la presunta existencia de conductas irregulares por parte de agentes y/o funcionarios públicos, que implique transgresión normativa o perjuicio al erario público”.

“Río Negro” dio a conocer el lunes pasado que Nación gastó en todo el país casi 400 millones de pesos en un censo de comunidades que lleva más de una década de ejecución, sin que hasta el momento se haya otorgado un solo título de propiedad. Reveló también que la última remesa de fondos otorgada -en particular- a Río Negro (2.248.596 pesos) fue destinada en 2013 a la contratación de tres agentes y a la compra de tres camionetas. Sin embargo esa etapa del censo nunca se realizó y el personal y los rodados fueron asignados a otras funciones dentro de áreas del Ejecutivo provincial. En definitiva, los recursos son utilizados para fines que no fueron los fijados en el marco de la Ley 26160 y los convenios de regularización de tierras con la provincia.

Trascendió que el fiscal Marcelo Ponzone ordenó al Ministerio de Gobierno que remita documentación del convenio firmado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y detalle de los fondos asignados. Pretende que el gobierno diga si el dinero tenía asignación específica y señale a los responsables de la rendición correspondiente. Igual pedido hizo al INAI y al Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (Codeci). Este último organismo participó en la primera etapa del censo territorial pero se declaró excluido de la segunda fase por cortocircuitos con el gobierno.

Como se informó, la publicación de “Río Negro” también originó una denuncia del abogado penalista Marcelo Henritzen Velasco contra el gobierno rionegrino, ante la Fiscalía Federal de Roca. Es por el presunto delito de defraudación a la administración pública federal y malversación de caudales y efectos públicos.

Neuquén

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