Puja entre fiscales pone en riesgo 1500 expedientes en la Justicia Federal

Una campana dice que es una embestida contra la independencia del Poder Judicial, con sospechas de represalias por investigaciones al poder político. Por eso hay denuncias de acciones ilegales para desplazar a un fiscal que no aceptó subordinarse a mandatos contrarios a la ley.

La otra campana habla de “fábulas” y hace emerger otro perfil del protagonista de la historia: un fiscal con el que se tornó casi imposible trabajar, al que se le van los empleados por el clima de persecución y maltratos que genera a su alrededor y que ocupa desde hace más de siete años un cargo para el que no concursó. Por eso lo mandan a la ciudad a la que debió llegar en el 2009.

El caso no sería más que otra interna dentro de la Justicia, pero la escalada que tuvo en las últimas semanas le dio estado e interés público. En el medio de la disputa aparecen los 1.500 expedientes que se tramitan por año en la Fiscalía Federal de Roca, porque de continuar las acusaciones cruzadas, nadie duda que terminará afectado el servicio de Justicia en una vasta región de Río Negro.

El fiscal Alejandro Moldes ocupa el centro de la escena. Hasta fines de la década pasada este abogado -hermano del juez federal de Bariloche y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Leónidas Moldes- era juez civil en el Poder Judicial de Río Negro, en Viedma.

En esa época se anotó y ganó el concurso para ser fiscal federal en Zapala. Tenía la mudanza lista -literalmente, con el camión contratado- cuando recibió un llamado del fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mario Sabas Herrera. La oferta fue tentadora: hacer parar el camión con los muebles 200 kilómetros antes y quedarse en Roca. Por ese entonces la fiscalía de primera instancia estaba “en llamas”, porque Marcelo Grosso tenía tres misiones simultáneas: subrogar a la fiscal titular, Alicia Ferrando, cubrir la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Roca y además integrar el equipo del Ministerio Público en las causas por delitos de lesa humanidad abiertas en la región.

Moldes aceptó. Empezó a trabajar y de a poco el atraso que existía se fue superando, según relató a “Río Negro”.

Pero las cosas cambiaron. El fiscal dice no tener certezas absolutas sobre las razones, pero sí varios indicios sobre la necesidad de desplazarlo a cualquier precio.

Allí aparecen dos elementos centrales en el relato de Moldes: por un lado, su activa participación para que la comunidad roquense salga a las calles para exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y en segunda instancia, una causa “pesada”, en la que apareció involucrado el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que lo terminó enfrentando con Sabas Herrera, porque el fiscal general pidió conocer detalles de la investigación y él no se los dio.

Haya sido por su postura en el caso Nisman; por investigar una presunta red de venta de droga conectada al poder político; o por otra necesidad oculta hasta este momento, lo concreto es que el 26 de abril de este año la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, estampó la firma en la Resolución 1.042/16, para que Moldes complete los 200 kilómetros que le faltaron en el 2009.

El fiscal entendió el traslado a Zapala como un claro mensaje. No sabía cuál, pero alguna fibra sensible del poder se sentía afectada o amenazada por su trabajo y lo mejor era correrlo del medio.

Convencido de que se trataba de un procedimiento ilegal, presentó una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 de Buenos Aires . Y tuvo una primera batalla ganada: el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar, que después de 15 días fuera de órbita lo devolvió a su despacho, en la vivienda que el Poder Judicial alquila en la calle Belgrano al 1.600 de Roca.

Consecuencias

Durante el período en el que Moldes no estuvo, la Fiscalía quedó a cargo de Claudia Frezzini, hasta entonces secretaria de Sabas Herrera y primera en la lista de subrogantes para el máximo cargo de primera instancia.

Moldes dice que el regreso a su oficina fue complejo y que todavía padece las consecuencias de la medida impulsada por sus superiores. No recibe notificaciones de causas en trámite, tiene dificultades para operar en el sistema informático interno y hasta vive situaciones insólitas. Delante de “Río Negro” probó navegar la página del canal de noticias TN y mostró cómo aparecían avisos de restricción para mirar videos, cuando al mismo tiempo los contenidos de otros sitios informativos se reproducían sin problemas.

Lo que terminó de convencer a Moldes de que es víctima de una persecución fue la presencia de la jueza Carolina Pandolfi en su despacho, semanas atrás y muy poco después de la cautelar que revocó su desplazamiento.

La magistrada llegó para allanar todas las dependencias de la Fiscalía, en el marco de una causa abierta luego de una denuncia penal del propio Sabas Herrera, quien pidió investigar delitos como la violación de correspondencia privada, además de maniobras irregulares para tener controlado a todo el personal del organismo.

“No grato”

Pero lo que Moldes entiende como un nuevo episodio de atropello a la institucionalidad y la independencia cambia absolutamente de color cuando uno recorre los pasillos y oficinas del Juzgado, de la Cámara y de la Fiscalía de Cámara Federal de Roca.

“Río Negro” recorrió esos ámbitos esta semana y consultó a distintos actores, entre ellos magistrados, funcionarios y empleados. También pidió su versión sobre los hechos a Sabas Herrera, quien respondió que no haría declaraciones para no contribuir a una “fábula” que se estaba armando alrededor del caso.

No obstante, de las entrevistas y consultas realizadas surgen otros elementos para tener en cuenta.

En principio, en el edificio de San Martín y España y en las oficinas de la Fiscalía General, ubicadas a escasos 50 metros por calle España, cuesta encontrar adherentes a Moldes.

Denuncias penales a funcionarios por cuestiones formales, tratos alejados de la cordialidad, actitudes de rigurosidad extrema con el personal policial que custodia los inmuebles (cuentan que le hizo pagar un cono de estacionamiento a un efectivo de la Federal luego de que vándalos se lo robaran de la calle Belgrano), pusieron al fiscal en los primeros puestos del ranking de personas “no gratas” del ámbito judicial roquense.

Por eso las fuentes consultadas coinciden en una conclusión: contra Moldes no hubo ninguna persecución, sino el intento de descomprimir una situación insostenible por el grado de enfrentamientos que generó con otros funcionarios y con el personal a su cargo.

Y en esa línea, las fuentes consultadas aportaron datos objetivos:

• La investigación a Parrilli en realidad fue una causa originada en un llamado al 0-800-DROGA del gobierno de Río Negro, en la que un anónimo aseguró que el exsecretario general de la Presidencia y otros altos funcionarios y exfuncionarios neuquinos formaban parte de una red que “bajaba” droga en aviones que llegaban a la meseta, para luego venderla “al menudeo” en la plaza de Cinco Saltos. Y sin elementos concretos para avanzar, el entonces juez federal Jorge García Davini archivó la causa, ante lo cual Moldes no puso objeciones. “¿Si estaba decidido a investigar al poder, por qué no apeló?”, preguntó una funcionaria ante este diario.

• Si Gils Carbó o Sabas Herrera se molestaron con la convocatoria a marchar por Nisman… ¿por qué no hubo ninguna sanción, sino todo lo contrario, con la secretaria Frezzini, que también fue a la marcha y hasta se sacó una selfie?

• La constante salida de personal de la Fiscalía de primera instancia. Un informe oficial revela que actualmente junto a Moldes deberían trabajar seis personas (además de una mujer en mesa de entradas y una ordenanza), pero tres de ellas están con licencia psiquiátrica o pidieron el traslado. Además se consigna que antes del 2012 dos empleadas decidieron dejar sus puestos y que en los últimos cuatro años otros cinco trabajadores se alejaron de las oficinas a cargo de Moldes. “Hubo reemplazos, pero con gente llegada desde otros puntos del país. Los que están acá en la Justicia no quieren ir a la Fiscalía”, aseguró una fuente.

Sobre esa situación, el fiscal coincide en que su organismo está “desmantelado”, pero afirma que todo es producto del accionar de Sabas Herrera, con promesas y designaciones en subrogancias que reportan mejoras económicas significativas.

Moldes dice que con esa estrategia también se consiguieron los testimonios para la causa penal y para el sumario administrativo abiertos en su contra.

La jueza Pandolfi decidió enviar al archivo esa causa, pero Sabas Herrera apeló y la Cámara Federal decidió semanas atrás que la investigación siga adelante.

Moldes resiste su permanencia en Roca y anticipa que si finalmente lo desplazan, el servicio de Justicia se verá afectado por la demora lógica que significaría que otro funcionario tenga que ponerse al tanto de decenas de causas en trámite.

En la Fiscalía de Cámara rechazan esa versión. Dicen que a pesar del conflicto, el vínculo formal se mantiene y que si el sistema fuese tan frágil, jamás podría haber movilidad entre los cargos ni licencias con subrogancias.

Para unos, persecución y afectación de la independencia. Para otros, una exagerada estrategia para evitar un traslado y ocultar malos tratos.

Una historia con final abierto, pero también con una conclusión previsible: la Justicia bajando otro peldaño en la escalera de la credibilidad.

Sabas Herrera pidió a Moldes en Roca, aunque su puesto original está en Zapala. Ahora quiere que vaya a la ciudad neuquina.

La pulseada tiene todavía un final abierto, pero su trascendencia es una marca más en contra de la credibilidad de la Justicia.