Tras el apagón por la ley SOPA, la reacción no se hizo esperar

19 ene 2012 - 00:00
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Ayer, varios sitios decidieron frenar sus servicios en reclamo a la posible aprobación de la ley SOPA. La reacción del FBI no fue tardía. Las acciones contra Megaupload representan un duro golpe a los usuarios de internet y a la distribución de contenidos a través de la web.

SOPA es una iniciativa introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 26 de octubre de 2011 por el republicano texano Lamar S. Smith con objetivo de ampliar las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para supuestamente combatir el tráfico de contenidos en internet y productos protegidos por derechos de autor o por la propiedad intelectual.

El proyecto de ley tiene repercusiones gravísimas para la estructura actual de internet en todos sus sentidos ya que permite al Departamento de Justicia y a los propietarios de derechos intelectuales, ir contra aquellas webs o servicios que permitan o faciliten el supuesto infringimiento de los derechos de autor.

De ser aprobada, la ley permitiría el bloqueo por parte de los proveedores de internet a la web o servicio en cuestión, incluyendo hosting y les exige a las empresas facilitadoras de cobro en internet (como PayPal) congelar fondos y restringir el uso del servicio.

También reclama que los servicios de publicidad deben bloquear la web o servicio, eliminar enlaces a la web o servicio denunciado.

Además las penas propuestas por la ley son desproporcionadas, por ejemplo cinco años de prisión por cada diez canciones o películas descargadas dentro de los seis meses de su estreno.

Los defensores de Internet que iniciaron una fuertísima campaña en contra de la Ley Sopa, aseguran que la iniciativa haría que “las redes de navegación anónimas se volverían ilegales, ya que el anonimato en internet es importantísimo para millones de personas en situaciones de peligro por parte de gobiernos totalitarios o dictaduras”.

También aseguran que esta iniciativa permiten a los estados espiar oficialmente las comunicaciones privadas de cada ciudadano para determinar si incumple la ley o no.

También haría que “sitios donde se incentiva el contenido generado por el usuario no podrían operar porque sería sumamente impráctico vigilar cada cosa publicada con el miedo de recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue entre proveedor o usuario en estos casos”.

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