Nueve días después de la cancelación de sus operaciones en la selva amazónica, Oxy está aún presente en carteles y vallas, aunque su partida, lejos de provocar nostalgia, permite a los ecuatorianos palpar el humeante negocio petrolero que asoma tras el pleito legal.
Los avisos azules y rojos de la compañía estadounidense guían el recorrido por los pozos de Limoncocha, ubicada a unos 90 kilómetros de la población de Lago Agrio (al norte, cerca de la frontera con Colombia), donde, sigilosos, directivos y trabajadores de la estatal Petroecuador perfilan la era post Occidental (Oxy).
En el también llamado Bloque 15 –una zona petrolera de unas 2.000 hectáreas que debió abandonar la multinacional, acusada por Quito de violar la ley– nadie habla de repercusiones negativas, al menos no frente a la prensa.
Como dictan los manuales de autoayuda, es mejor referirse a la oportunidad que encierra todo fracaso.
Y en este caso la fortuna asoma tras la partida de Oxy por cuanto Petroecuador podría ocuparse de la operación que permitía a la estadounidense extraer 100.000 de los 530.000 barriles diarios de petróleo que produce Ecuador, quinto productor sudamericano de crudo.
“Miren qué negocio tan bello: Petroecuador necesita invertir 30 millones mensuales para la operación del Bloque 15, pero obtiene una utilidad de 120 millones de dólares”, señaló emocionado el presidente de la estatal, Fernando González, durante su primera visita a Limoncocha luego de la salida de la petrolera extranjera.
Las cifras suenan tan contundentes que los ex obreros de Oxy, ahora de Petroecuador, no entienden cómo el gobierno evalúa una alianza con una empresa de Colombia, Chile o Venezuela cuando, aseguran, el país podría administrar el negocio sin ayuda externa.
“Petroecuador está en capacidad de asumir el pleno control del Bloque 15. Una asociación con otra estatal supondría pasar de las manos de Oxy a las de otra compañía extranjera, cuando los ecuatorianos podemos quedarnos con todas las ganancias”, dijo a la AFP Fausto Robalino, presidente de la Asociación de Profesionales de la estatal.
González comparte ese criterio, aunque, más cauto, prefiere presentar el proyecto como “una oportunidad que valdría la pena”.
“En 30 días tomaremos una decisión, ya sea la de una alianza con la empresa de otro país o una auditoría externa que contrate con Petroecuador”, declaró González, sin dejar de insistir en que su empresa cuenta con el respaldo técnico y laboral para asumir el reto.
Pero si Petroecuador está facultada para administrar el otrora negocio de Oxy y las cifras son tan favorables, ¿por qué Ecuador analiza otras opciones?
Es una pregunta sin respuesta o al menos no inmediata.

LA SOLUCION, EN UN MES

El presidente de la estatal reitera que la solución definitiva llegará dentro de un mes, cuando Ecuador anunciará si a la mesa que dejó servida Oxy se sentará con invitados.
Entretanto, Petroecuador pule los nuevos contratos con los ex empleados de la multinacional, cuyas condiciones podrían ser las mismas, a excepción del reparto de utilidades que por ley no es posible en empresas oficiales.
“Hemos llegado a un acuerdo con 280 trabajadores (el 80% de la planta con la que funcionaba Oxy) que aceptaron vincularse con Petroecuador. Esperamos con ello seguir garantizando la producción y, de ser posible, ampliar la explotación”, indicó González.
Los obreros, por su parte, se abstienen de opinar y eluden cualquier comparación entre las dos empresas que se suceden en Limoncocha, donde la sensación es de normalidad y expectativa.
Ecuador enfrenta esta encrucijada en momentos en que el subcontinente camina en sentido contrario a la experiencia de los 90 en materia de hidrocarburos. La política del presidente Hugo Chávez en Venezuela, ampliando la participación de la estatal PDVSA en los yacimientos operados por empresas privadas, pero sobre todo la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia son muestras de ese sendero.