Economía social de mercado

JORGE H. CARNELLI

Especial para «Río Negro»

Siempre se sostiene que, para beneficio general de la población, el mercado debe funcionar libremente, sin intervención del Estado.

Sabemos que la competencia es el método que permite ajustar nuestras propias actividades sin interferir en las de los demás, sin participación de la autoridad y ninguna otra coacción.

Desde el inicio de la humanidad podemos decir que la competencia ha tenido una gran influencia en los cambios de las distintas funciones sociales.

El mercado exige siempre revisión de las ventajas comparativas y es indudable que en el mundo continuamente se producen cambios en la estructura social y económica, sea en las ciencias, las artes, las costumbres y especialmente en la economía. El impacto de la tecnología en la sociedad se está convirtiendo en la principal fuente de formación de una sociedad distinta y de los cambios que en la misma se producen.

Congruente con ese proceso, la creciente participación de grandes empresas que despliegan sus actividades económicas en los mercados de todo el mundo está produciendo una globalización de la economía y una incidencia cada vez menor de las economías nacionales.

La dinámica del mercado constituye la fuente más importante de ideas para su regular desenvolvimiento.

De economía social de mercado se comenzó a hablar después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, donde se había iniciado un doloroso proceso de reconstrucción de la vida social, económica, industrial, cultural, educativa, jurídica y todo lo que tenga relación con la calidad de vida de las personas, de las instituciones civiles y políticas y el ordenamiento de los poderes públicos; en síntesis, organizar de nuevo los distintos países. Creando estados de derecho democráticos dentro de los cuales el papel del Estado fue asegurar un marco para que la actividad económica se desenvolviera en libertad sin interferencias ni coacciones de ninguna naturaleza, con medidas estables de protección de la competencia, asegurando en todo momento el libre juego de la oferta y la demanda.

En realidad la idea de la economía social de mercado surgió como reacción y crítica a las medidas básicas de la economía clásica sobre precios, competencia, libertad de contratación y sobre otros aspectos de la vida ciudadana, por eso no sólo hay que ponderar la vigencia de la economía social de mercado por razones económicas puramente, sino también por la libertad humana que permitió mejorar las condiciones de la vida ciudadana y la existencia de un Estado atento a actuar ante cualquier distorsión, procurando mantener el orden social y la seguridad jurídica.

Dentro del contexto expuesto debemos preguntarnos en la Argentina: ¿podrá funcionar la economía de mercado como en los países adelantados?

Debemos saber que tenemos una población atomizada, sin capacidad para influir en la revisión de los modelos existentes y menos propiciar otros nuevos. La clase media que tanta influencia tuvo en el desarrollo económico y social en los primeros años del siglo pasado virtualmente no existe, prisionera de una clase política ineficiente y poco dispuesta a contemplar las necesidades de las clases más pobres y desprotegidas.

El crecimiento económico que es

tamos vislumbrando debe alcanzar a esas clases. La prosperidad de las empresas y grupos económicos no equivale a la igualdad económica.

Para comprender correctamente la situación recordemos que la Constitución de 1853/60 permitió la gobernabilidad del país y la creación de la República Argentina. Reconociendo las autonomías provinciales creó un poder central (Poder Ejecutivo), un Congreso compuesto por dos cámaras y un Poder Judicial independiente, limitó las facultades fiscales del poder central. A partir de 1930, con el gobierno militar y el gobierno constitucional resultante, se comenzó a tomar una serie de medidas corporativas para paliar la crisis que azotaba a todo el mundo.

Así en 1932 se creó la Dirección General de Impuestos a los Réditos, en 1936 el Banco Central, la Junta Reguladora de Carnes, de Granos, de Algodón, de Azúcar, el IMIM (Instituto Movilizador de Inversiones Mobiliarias) etc., se engendró el gremialismo totalitario y expropiaciones de grandes consorcios e industrias básicas.

El fracaso de los planes económicos que desde entonces se vienen reiterando responde a la insistencia de buscar gobernabilidad dentro del esquema socialista que nos rige.

Cuando el Estado interviene en la vida económica impide que el mercado, las empresas y la comunidad actúen libremente y puedan adaptarse a los cambios que la realidad ofrece, la dinámica del mercado es la que proporcionará las ideas para el crecimiento y la efectiva competencia.

Hemos ido progresivamente abandonando la libertad económica. Los partidos políticos que en sus plataformas sostienen la libertad política y el respeto a la dignidad de los seres humanos, en materia económica asumen una posición intervencionista y hasta corporativa, llegan al gobierno por el sistema democrático de nuestra Constitución Nacional, luego en el cumplimiento de sus funciones se alejan de los principios fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.

Si partimos de la base de que el Estado por principio es ineficiente como empresario, comprenderemos por qué la concentración de la economía en poder o con gran influencia del Estado promueve un sistema económico que lesiona la estructura socioeconómica de la Nación misma. Así de esta manera comenzó el deterioro social y económico de la población.

Concluyendo, pensamos que la misión del Estado es mantener el orden social, económico y la seguridad jurídica, lo cual no quiere decir abajo el Estado, sino en la función de vigilancia y control para que en el funcionamiento del mercado y la economía no surjan interferencias que desnaturalicen el libre juego de la oferta y la demanda. El Estado debe ser responsable del crecimiento, evolución y progreso de la comunidad, privilegiar las personas y asegurar que el mercado y los consumidores puedan operar sin interferencias y libres de cualquier intervención estatal que desvirtúe el sistema.

En nuestro país es imprescindible la reforma del Estado para hacerlo más apto en los esfuerzos por asegurar el desarrollo económico social y la implementación de las políticas que ataquen las desigualdades sociales, sostengan la estabilidad monetaria, se mejoren los ingresos de las clases menos pudientes que aseguren niveles de vida satisfactorios a sus necesidades básicas de convivencia familiar, salud y educación.

En una democracia constitucional debe estar siempre vigente un sentimiento común de imparcialidad de la justicia. Cuando ello sucede, podemos pensar que vivimos en una sociedad justa y ordenada.

Para los países en desarrollo la inversión externa constituye un tema de extrema importancia para poder enmarcar sus actividades dentro de las normas y políticas establecidas.

Por estas razones es que insistimos en que las inversiones y la privatización de empresas deben encuadrarse dentro de las estrategias que se han fijado para el desarrollo nacional, porque la débil estructura económica interna no podrá hacerlo sola.