Lotería: a 3 años del fallo, falta que hable la Corte

VIEDMA (AV).- Se cumplen tres años de la confirmación de las condenas de prisión efectiva en la causa de las coimas en la Lotería y la Corte Suprema sigue analizando un recurso extraordinario. El 7 de julio serán tres años desde que el Superior Tribunal de Justicia ratificó las penas de 4 y 5 años para el exinterventor de Lotería, Miguel Irigoyen, y el empresario del juego Carlos Ferrari, exconcesionario de los casinos rionegrinos. Las defensas presentaron recursos ante la Corte, que apartó de su análisis el delito de “dádivas” y devolvió ese tramo del expediente al STJ para que evalúe si el hecho está prescripto. En cambio, la Corte continúa revisando las penas por cohecho. Avanzan, simultáneamente, otras causas derivadas de ese expediente, que se originó hace 11 años por una investigación de “Río Negro”. La semana pasada, la Cámara Civil y Comercial de Viedma ratificó una condena a Irigoyen para que pague casi 76.000 pesos al juez Jorge Bustamante –el primer instructor de la causa Lotería– por “daño moral”. Los jueces Gustavo Azpeitía, María Luján Ignazi y Roberto Maturana confirmaron el resarcimiento de 75.965 pesos, más intereses. Consideraron que las acciones de Irigoyen fueron “antijurídicas” y “ocasionaron un menoscabo moral” a Bustamante. Valoraron que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura “se extralimitó al acusarlo de graves conductas sin atinar siquiera a ofrecer prueba” y que cometió “difamación” con su libro (“Será Justicia”), “afirmando su mal desempeño y haciendo manifestaciones en la prensa”. En febrero del 2009, la Cámara Criminal de Viedma condenó a Irigoyen, Ferrari y a Andrés Santamaría. La casación del STJ favoreció a Santamaría porque redujo la pena a 3 años en suspenso, también por el delito de cohecho, y confirmó las penas a los otros dos, considerando “plenamente acreditado” que el expresidente de Lotería cobró 1.175.701 pesos en coimas de Ferrari, quien “mantuvo las concesiones de los casinos a pesar de sus incumplimientos y su situación concursal que debía ser controlada por Irigoyen, con quien el empresario tenía un pacto venal”.