Minería a cielo abierto: por la restitución de la “ley anticianuro”

Se cumplieron cuatro años desde la derogación de la “ley anticianuro” en Río Negro –Q 3981– y ante el conflictivo escenario social y ambiental que provoca la megaminería ya no quedan dudas de que debemos recuperar necesariamente esta ley apoyada por movilizaciones y asambleas populares a lo largo del país y el territorio provincial.

Las poblaciones de Jáchal y de otros pueblos cercanos de la provincia de San Juan tienen contaminada el agua de sus ríos con más de cinco millones de litros de solución cianurada –según información registrada en la presentación judicial– debido al derrame en la mina Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold Corp. Los índices de metales pesados en el agua son altísimos y las consecuencias, imprevisibles.

En Mina Gerais, Brasil, una represa de contención que retenía lodos contaminados generados por la industria minera se rompió y arrasó a su paso pueblos enteros. Murieron más de veinte personas y otras aún no han aparecido. Más de 500 evacuados, el agua del río Doce contaminada y, por supuesto, la tierra también. Se comprobaron cantidades enormes de metales pesados, por lo que nueve ciudades, unos 800.000 habitantes, no reciben agua de sus ríos.

¿Cuántas catástrofes de magnitud tendrán que suceder para que nos demos cuenta de que la vida no tiene precio y el agua tampoco?

Este pedido de restitución representa el de miles de rionegrinos que como vecinos, en sus asambleas, organizaciones sociales y ecologistas, reclaman la restitución de la llamada “ley anticianuro”, que impide el uso de esa sustancia y del mercurio para la explotación de minerales metalíferos en territorio provincial.

La ley lograda fue producto de la movilización social, del reclamo de los pueblos organizados por una herramienta que pusiera freno al desenfrenado avance de la minería contaminante, la que para la extracción de oro y plata y otros metales requiere un gran consumo de agua y una solución con cianuro que es la que separa los metales de la roca.

El 29 de diciembre de 2011 la ley que nació de la participación y el consenso fue derogada de un plumazo. Esa derogación constituyó un avasallamiento sobre el derecho del pueblo rionegrino, que desde las distintas regiones provinciales reclamaba el instrumento. Además, significó un retroceso enorme en materia ambiental y contradijo la “progresividad” que debe darse en la legislación toda vez que dejó sin protección el bien tutelado, el ambiente, y lo expuso otra vez a la explotación minera contaminante.

Río Negro se igualó de esta manera con la provincia de La Rioja, donde una ley similar fue aprobada en el 2008 y derogada al año siguiente. Los intereses empresarios y la economía basada en el extractivismo operaron a favor de la actividad devastadora.

En la actualidad la minería a cielo abierto tiene consecuencias negativas en América, más que hace 300 años. La intensificación del ritmo de la extracción de minerales hace de éste un negocio redituable para las empresas pero en extremo devastador y contaminante para el ambiente y los pueblos. De ello surge la movilización permanente de las poblaciones a lo largo de nuestro país y el continente.

Con el fin de restituir la vigencia de la ley, algunos legisladores como Jorge Ocampos y otros de la UCR presentaron iniciativas parlamentarias, pero no han tenido éxito.

En nombre de un gran número de ciudadanos que reclaman la “ley anticianuro”, es imprescindible que desde la Legislatura rionegrina se proponga con fuerza el restablecimiento de esta ley del pueblo a cuatro años de su derogación. Estoy convencida de que es un derecho de todos los rionegrinos que el gobierno provincial avance en la protección de su ambiente y la salud, desterrando aquellas prácticas que probadamente afectan la calidad de vida y constituyen un saqueo de nuestros bienes comunes.

(*) Senadora nacional por el Frente Progresista

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Magdalena Odarda –

Senadora nacional por el Frente Progresista


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