Aplazan a un productor para desalojar una isla en Conesa

La Justicia consideró que el hombre cometió el delito de usurpación y deberá dejar el lugar en 40 días.

Aplazan a un productor para desalojar una isla en Conesa

Un productor de Conesa tiene un plazo de 40 días para abandonar un predio de 100 hectáreas en una isla de la localidad. Si bien se trata de tierras fiscales fueron cedidas hace unos años a otro productor de la zona que nunca las pudo explotar por la presencia de esta familia, razón por la cual el tenedor inició acciones legales para instalarse y poner a producir esos terrenos.

La Justicia otorgó razón al reclamante al considerar que el actual explotador de ese campo cometió el delito de “usurpación”. El proceso penal por esta tenencia se inició hace tres años y las sucesivas intervenciones judiciales fueron coincidentes en confirmar que debían ser desocupadas las tierras en cuestión.

En la audiencia convocada para acordar los términos de un desalojo voluntario y evitar uno forzado por la fuerza pública, el abogado Walter Guenumil en representación del denunciante pidió que se otorgara un plazo de cinco días, término que no fue aceptado por Gustavo Tapia y su defensa ejercida por Edgardo Corvalán que solicitaron 45.

En ese marco el juez de Garantías otorgó 40 días para que el productor retire de la isla los animales, entre ellos más de 470 ovejas, 36 vacunos, caballos y cerdos.

Tapia señaló ante el magistrado que su familia vive de esa producción y en esa isla que “me la dieron para trabajar y hace 13 años que vivo allí”. Aseguró que desde 2006 envió notas a la dirección de Tierras por esta tenencia pero “nunca obtuve respuestas”. Negó haber usurpado esas tierras al señalar que “vivo del laburo y esto es lo único que tengo”. Lamentó que nadie lo haya escuchado y de haber sido objeto de “denuncias falsas” por robo y tentativa de homicidio. Puntualizó que “agarro laburo para que mis hijos no anden en la droga o malandreando”.

En tanto el fiscal de la causa, Guillermo González Sacco, sostuvo que se está ante un desalojo firme y que la audiencia estaba convocada para acordar la forma, destacando las pruebas reunidas en los tres años de este proceso que concluyeron en la orden de abandonar esas tierras.

Por su parte, Mussi aclaró que el desalojo fue dispuesto por un juez de Instrucción, confirmado por la Cámara el procesamiento por el delito de “usurpación” y la medida cautelar del desalojo que “trae una respuesta temprana a la decisión de dejar el lugar por eso estamos en esta audiencia para cortar los efectos de un delito. Se trata de un desalojo anticipado que se hace porque el definitivo vendrá con la sentencia de un juicio oral y pública si persiste el interés de las partes, una vez recuperada la propiedad, para llegar una sanción”.


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